madrid - Pedro Sánchez maneja “todos los instrumentos” del Estado de Derecho para responder a una eventual ruptura del orden constitucional en Catalunya y garantizar la “convivencia”. Además de advertir al Govern de Quim Torra con la posible aplicación del artículo 155 aunque el Ejecutivo español esté en funciones y con el Senado disuelto; el líder socialista sopesa una herramienta con un rango menor de contundencia, la Ley de Seguridad Nacional que permitiría controlar a los Mossos para preservar el orden público. Aunque desde Moncloa no se aprecia hasta la fecha una vulneración flagrante de la legalidad, al margen de censurar las manifestaciones del president llamando a la desobediencia civil tras la sentencia del Supremo por la causa del procés, o las últimas resoluciones aprobadas en el Parlament; Sánchez permanece vigilante ante el devenir de los acontecimientos, metiendo, eso sí, el conflicto catalán en campaña sabedor de que le puede reportar unos cuantiosos votos constitucionalistas.

Dicha ley responde a la norma que PP y PSOE acordaron y validaron en el Congreso en 2015, y que el entonces presidente Mariano Rajoy también barajó aplicar antes de recurrir al precepto constitucional más lesivo contra el autogobierno catalán, acordando con los propios socialistas el alcance de todas las medidas. La Ley de Seguridad Nacional no implicaría ni la suspensión de la autonomía ni la intervención de ninguna competencia pero permitiría a Madrid coordinar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluida la Policía catalana. Preguntado al respecto, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que “el Gobierno está analizando, estudiando y observando la realidad de Catalunya y actuará en la forma oportuna en el momento que sea preciso, siempre conforme con el ordenamiento jurídico”.

Marlaska instó a “no ser alarmistas”, señalando que “todo el mundo sabe que éste es un Gobierno responsable y que estudia y analiza las situaciones en cualquier sitio de España y siempre aplica el ordenamiento jurídico”. “No hagamos suposiciones de futurólogos. Un gobierno tiene que analizar la realidad y aplicar el ordenamiento jurídico en los momentos oportunos”.

En este contexto, el PNV avisó de que hablar “todo el rato” de aplicar el 155 “no ayuda nada” e hizo un llamamiento a “trillar el campo y buscar soluciones”. Así se pronunció su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, quien, tras considerar que hay algunas formaciones interesadas en asociar “la imagen de violencia al nacionalismo catalán”, cree que las instituciones de Catalunya deben decir a los CDR que “no es admisible la violencia ni avasallar al adversario”. Si bien defendió la llamada a la desobediencia civil, señaló que “no se puede gobernar todos los días en base a la épica porque ésta se agota”. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, el jeltzale manifestó que “todos sabemos que esto es un problema político y que no se arregla por muchos 155 que se apliquen”.

Por su parte, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, calificó de “desafortunadas” las declaraciones de Carles Puigdemont donde mencionaba que en Euskadi nunca se aplicó el 155 a pesar de los “mil muertos” provocados por ETA. “También hubo centenares de muertos por acción del Estado y miles de torturados, además de desaparecidos”, le recordó.