Madrid - Un centenar de organizaciones de la Memoria Histórica han convocado para hoy una concentración a las puertas del Tribunal Supremo bajo el lema #NiValleNiAlmudena, mientras que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) emitió ayer un comunicado en el que advertía que procederá contra el Estado si los restos de Francisco Franco continúan en suelo público, ya sea éste el Valle de los Caídos o en Mingorrubio.

Los colectivos de Memoria Histórica defienden que “cada día que Franco pasa en Cuelgamuros constituye un insulto a la sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas”. “Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy una prueba de fuego de la calidad de la democracia española”, sostienen.

Por otra parte, el comunicado de la la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) recuerda que llevan años reclamando la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos, y asegura que obligar a las víctimas de la dictadura a pagar con sus impuestos la tumba “es una forma de maltrato y una patología democrática”, en palabras de su presidente, Emilio Silva.

Por ello considera que tras la decisión del Gobierno de Sánchez de sacar los restos del Valle de los Caídos, “es el momento de que la democracia española demuestre que ha madurado y deje de financiar con fondos públicos monumentos que rinden homenaje a un dictador”.

Tribunal dividido Los seis magistrados que conforman la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo debaten hoy el futuro de los restos de dictador. En primer lugar deben avalar la decisión del Gobierno de Sánchez de exhumar los restos del Valle de los Caídos -algo que se da por hecho- y después deben decidir su ubicación, o el cementerio de El Pardo-Mingorrubio o la Catedral de La Almudena. Aunque la previsión inicial es lograr hoy un resultado, tampoco se puede descartarse que las deliberaciones prosigan hasta mañana. El tema del lugar de reposo de los restos es el aspecto de la demanda que concentra mayor complejidad jurídica, y de hecho su resolución viene dividiendo al tribunal durante las deliberaciones realizadas los últimos días. El escollo tiene que ver la posible vulneración del derecho de los familiares a elegir el lugar en el que deben reposar los restos de Franco, para los que esta parte ofreció la cripta de la Catedral de la Almudena. Desde el Gobierno se rechazó dicha posibilidad, si bien fuentes jurídicas apuntan la dificultad que entraña justificar que una familia no tenga el control último sobre el lugar en el que deben reposar definitivamente los restos de un familiar.

La negativa de la familia a la exhumación y posterior entierro de los restos en Mingorrubio aparece argumentado en la demanda y previsiblemente, salvo que se superen finalmente todas las diferencias de criterio, es muy probable que la resolución que finalmente se adopte no sea unánime.

El Supremo paralizó la exhumación acordada por el Gobierno para el pasado 10 de junio y lo justificó en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, “los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan”.

En este asunto están personados, además de la familia Franco, la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. - DNA