Gasteiz - El Gobierno Vasco abrirá en unos días el plazo para que las víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999 pidan reconocimiento y reparación, y su intención es que el margen de tiempo para solicitarlo sea generoso y suficiente para dar publicidad al proceso, que esté al alcance de los afectados, y que puedan hacer acopio de sus vivencias y de los documentos con los que quieran sustentar su caso. Fuentes de Lehendakaritza consultas por DNA avanzan que el plazo será largo, superior a un año, y abarcará dos legislaturas: lo que queda de esta, que acaba en otoño del año que viene, y parte de la siguiente. No está totalmente definido, pero se apunta que podría llegar a los dos años.

Teniendo en cuenta que este proceso sigue amenazado judicialmente desde algunos sectores como el PP, podía existir el prejuicio de que el Gobierno Vasco iba a acometer rápido la reparación para evitar que una eventual sentencia negativa del Tribunal Constitucional contra la ley de abusos truncara todo el proceso. Pero la secretaría de Convivencia de Jonan Fernández está convencida de que la ley cumple todos los criterios de constitucionalidad y cree que no habrá ningún problema con la sentencia. De ahí que haya decidido no acelerar de manera artificial el proceso. La última novedad llegó el viernes, cuando se conoció que el Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP, pero esta decisión no suspende la ley ni prejuzga el sentido final de la sentencia. Además, el Constitucional se caracteriza por tardar años en resolver.

El Ejecutivo vasco va a priorizar el derecho de información de las víctimas para que ninguna pase por alto este proceso. La reparación tendrá todas las garantías. El Gobierno pondrá en marcha el plazo para registrar solicitudes en torno a la fecha del pleno de política general del Parlamento, el día 20. Trabaja ya en unas inserciones publicitarias. La comisión de valoración encargada de analizar si los casos son verosímiles, un grupo del que forman parte expertos como el forense Paco Etxeberria, comenzará su tarea unos días más tarde, porque el decreto que desarrolla la ley de abusos está aún en la fase de alegaciones y, cuando acabe ese análisis, será cuando se publique con carácter firme y pueda arrancar la tarea de la comisión, que empezará a resolver las solicitudes.

PACTO La ley de abusos ha tenido desde el principio la espada de Damocles de los tribunales porque la derecha y los sindicatos policiales creen que persigue el descrédito generalizado de las fuerzas de seguridad y que la comisión de expertos que analizará los casos suplanta la labor de los jueces. El expresidente español, el popular Mariano Rajoy, fue el primero en poner esta ley en la picota con su recurso al Constitucional, pero la llegada del socialista Sánchez permitió abrir una vía de diálogo para retirar el recurso tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno Vasco que dejaba más claro aún que no se pretende suplantar la labor de los jueces, emular un proceso penal ni centrarse en los culpables. El proceso será administrativo, centrado en la reparación de las víctimas.

Este proceso es la segunda parte de la reparación que se inició durante el mandato de Patxi López, cuando se dio cauce a un decreto que abarcó los casos registrados entre 1960 y 1978. No hay, por lo tanto, cifras oficiales, aunque sí hay informes como los del forense Etxeberria, que calcula que entre 1960 y 2014 hubo 4.000 casos. Las víctimas obtendrán un reconocimiento y podrán también pedir indemnizaciones para los casos de fallecimiento e invalidez permanente.