Granados y sus socios habrían saqueado 15 millones a cooperativas escolares en 10 años

Conforme explica, el corazón del negocio era Alfadel, la promotora de Alfonso Ferrón del Río y el "patrón" era "el mismo" en todos los casos investigados: La empresa constituía cooperativas para promover la construcción de colegios concertados y exigía a los cooperativistas amplios poderes para la gestión del proyecto, desde autorización para contratar servicios hasta firma en las cuentas bancarias para pagarlos.

Era así como Ferrón les cargaba facturas falsas emitidas por otras empresas de la trama --las de David Marjaliza y José Luis Capita, ambos investigados-- y conseguía el dinero con el que luego abonaría comisiones y dádivas a técnicos y políticos mientras él "se procuraba ingentes beneficios", hasta el punto de que ha acabado imputada su mujer por aflorar en forma de lujos este dinero de origen ilícito.

El colegio, no obstante, se construía. Según el auto del juez, el primer paso era "un concierto criminal" en el que Ferrón, Marjaliza, Capita y el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, también investigado, "definían en qué Ayuntamientos podrían establecerse las cooperativas de profesores, que cambios de planeamiento del PGOU había que realizar, la tramitación de los concursos necesarios, la obtención de licencias y todo ello acompañado del pago de sustanciosas comisiones que se repartían entre los regidores y técnicos de los ayuntamientos".

Granados, por su parte, habría sido determinante. El juez, en línea con las tesis de Fiscalía Anticorrupción, expone que primero como alcalde de Valdemoro y luego como secretario general del PP de Madrid y número 3 del Ejecutivo regional, "usaba sus influencias políticas" para que los ayuntamientos cedieran suelo "a un precio muy inferior al de mercado con el argumento de que el colegio concertado era un servicio público de interés".

ADJUDICADO CON TODO EN CONTRA Una vez liberado el suelo, llegaba el proceso de adjudicación de las parcelas, fase en la que a la luz de los informes policiales que obran en la causa, "los promotores no dudaron en saltarse los trámites administrativos" y las mesas de contratación, en obviar esta circunstancia. El auto relata cómo se rebajó el peso de la oferta económica en los concursos para poder adjudicar la construcción a Alfadel, si bien no cumplía los requisitos e incluso tenía informe negativo de la Seguridad Social.

En todo este proceso, la promotora "pagaba una comisión que oscilaba según las características del colegio" y que siempre según el auto, "se enmascaraba mediante un contrato falso de consultoría" con "alguna de las sociedades" de Marjaliza. "De esta forma, Alfonso Ferrón del Río pagaba las comisiones, siempre presuntamente, a través de facturas falsas, pero todo ello con una apariencia legal", detalla.

Entre las comisiones que recoge el informe de Anticorrupción, constan 660.000 euros que se habría embolsado el propio Granados por dos colegios y 400.000 euros al ex regidor de Cartagena más otros 939.000 euros a una de sus sociedades por estas licitaciones, entre otras.

LAS COMISIONES, A CUENTA DE LA COOPERATIVA Según la tesis de los investigadores, este dinero salía de los cooperativistas y a sus espaldas pues Ferrón, "utilizando facturación falsa del resto de los investigados -Marjaliza, Capita y Alonso-- atendió pagos contra los saldos de las cuentas de las cooperativas, para fines ajenos a estas" que "se concertaron con facturación simulada para el vaciamiento de los fondos de las cooperativas de la enseñanza".

"Las facturas y comisiones de estos últimos, encubrieron los pagos de dádivas que repartieron entre los Alcaldes y Técnicos de varios municipios de Madrid, facilitando Alfonso Ferrón los fondos de los sobornos y la documentación simulada de cobertura", expone el auto de imputación.

En total, el auto cifra en algo más de 19 millones de euros los fondos que Alfadel obtuvo de 19 cooperativas y en 12,1 millones de euros los ingresos obtenidos por las empresas vinculadas a David Marjaliza, José Luis Capita y José Antonio Alonso con esta trama que pivotaba en torno a la construcción de colegios concertados.

Las irregularidades, añade el juez, "no atendieron a promover o mejorar el sistema de enseñanza de sus respectivos municipios, sino que se dirigieron fundamentalmente a obtener un ilícito lucro para su enriquecimiento personal" con un perjuicio para los cooperativistas que se estima en 15 millones de euros, "importe al que ascendió todo el aprovechamiento ilícito que se realizó de los proveedores, constructores y arquitectos de las cooperativas".