Barcelona - El otoño caliente entre la Generalitat y Madrid a cuenta de la sentencia del procés puede contar con una nueva derivada judicial que afectaría a la financiación. El Govern ha decidido echar un pulso a Pedro Sánchez llevando al Estado español a los tribunales por el impago de los anticipos a las comunidades autónomas, según anunció ayer su vicepresident, Pere Aragonès, durante una comparecencia en el Parlament para explicar el cierre de caja aprobado a finales de julio, que supone un recorte del gasto público previsto inicialmente. El Ejecutivo de Quim Torra sostiene que el principal motivo de ese tijeretazo es que el Gobierno socialista no ha transferido a Catalunya 1.317 millones de euros.

Fuentes del departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat indicaron que el grueso del recurso se centrará en reclamar los 874 millones correspondientes a los anticipos de financiación del ejercicio de 2019 que no se han transferido, ya que se trata de una cuantía que el Gobierno había comprometido a principios de año y éste está en funciones. El Govern también reclamará la liquidación de un mes de IVA pendiente del ejercicio 2017, aunque Hacienda en ningún momento ha cuantificado de forma oficial cuál es el importe a liquidar ni ha comprometido su transferencia. Los 443 millones que reclama Catalunya por ese concepto se basan en una estimación del departamento.

“Los recursos(...) son nuestros, de los ciudadanos de Catalunya, nos corresponden por ley y se están reteniendo de forma irregular desde nuestro punto de vista”, aseguró Aragonès. El anuncio del recurso contra el Estado fue el primer punto de su intervención, en la que tenía que desglosar cómo se ejecutará el recorte presupuestario del 6% aprobado por su departamento, consecuencia del cierre de caja decretado en agosto. Sin embargo, el conseller no dio detalles sobre cómo se distribuirán los mencionados “ajustes”, más allá de aseverar que no afectará al pago de nóminas ni servicios esenciales como los relacionados con asuntos sociales, sanidad, educación, vivienda, prevención de incendios y transferencias a ayuntamientos. Sí que concretó cómo se articulará la denuncia contra Hacienda: si el Govern lo autoriza, el próximo martes se pondrá en marcha un recurso contencioso-administrativo contra el Ejecutivo central por incumplimiento de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.

El vicepresident subrayó que el incumplimiento del Estado a la hora de transferir los anticipos correspondientes a 2019 no solo afecta a Catalunya, sino que perjudica a todas las comunidades autónomas, a excepción de la CAV y Nafarroa. Por este motivo, emplazó al resto de gobiernos autonómicos a sumarse a la demanda para exigir al Estado que haga llegar al territorio los 9.000 millones que adeuda por semejante concepto.

presupuestos Desde la oposición, todos los grupos coincidieron en reprochar a Aragonès la ausencia de “autocrítica” respecto a la gestión del Govern, que funciona en prórroga presupuestaria desde hace dos ejercicios y este año ni siquiera llegó a aprobar su proyecto presupuestario para que se pudiera debatir en el Parlament. En este sentido, el PSC ve “poco honesto” que Aragonès opte por “judicializar la política” y “cargar las culpas a otros”, y le tendió de nuevo la mano para negociar los presupuestos de 2020. Los comunes se erigieron en “diques de contención” de los recortes y tanto ellos como la CUP se ofrecieron para aprobar una reforma fiscal que aumente los impuestos a los ricos y aseguren los recursos necesarios para garantizar la calidad de los servicios públicos. Ciudadanos afeó al Govern por gastar en lo que la formación naranja denomina “chiringuitos” del procés. - DNA/Efe