gasteiz - El president de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha pedido a los servicios jurídicos del Govern que “estudien medidas” ante el informe de España Global, el organismo creado para promocionar la marca España en el ámbito internacional, en el que se indica al personal de Exteriores cómo enfocar el proceso independentista en el extranjero, y que además se reparte entre corresponsales, periodistas en el exterior y otros interlocutores internacionales, según La Vanguardia.
El Govern considera que España Global podría estar “vulnerando la directiva europea sobre la presunción de inocencia”, y supone una “interferencia en el poder judicial, criminalizando el movimiento independentista” pocas semanas antes de la sentencia del Tribunal Supremo contra los políticos impulsores del 1-O. Además, Torra quiere conocer el coste de dicho informe para dilucidar si “se está cometiendo un delito de malversación”, informa Europa Press.
El texto, de 72 páginas, recoge una cronología del proceso independentista desde la Diada del 11 de septiembre de 2012 e incluye los delitos por los que los impulsores del 1-O han sido juzgados, se explica el proceso penal y se defienden “la independencia y garantías del sistema judicial”.
El documento pretende responder a las “falsedades difundidas sobre el proceso y la situación” de Catalunya. En total se abordan 46 ideas. Se asegura que es falso que en España haya presos políticos porque “ningún político catalán ha sido procesado por sus ideas”, y que los líderes independentistas como Torra se expresan libremente incluso desde prisión, asegura el documento.
El texto rechaza que la ONU defienda el derecho a los pueblos a la autodeterminación en España porque lo reconoce para “aquellos pueblos que han sido oprimidos o colonias, que no es el caso”; y niega que los independentistas representen mayoría catalana asegurando que las encuestas varían. Niega además que la actuación policial del 1-O provocara más de mil heridos, y subraya que la consulta del 1-O “no fue un referéndum democrático”.
El documento asevera que no es delito plantear la independencia de una comunidad o región sin Estado, pero sí lo es “desobedecer al Tribunal Constitucional, aprobar leyes para derogar la Constitución y el Estatut, celebrar un referéndum ilegal y después proclamar la independencia unilateralmente”.
También se asegura que la prisión preventiva en la que se encuentran los políticos encarcelados responde al “riesgo de fuga y la reiteración delictiva; los jueces han tenido en cuenta que se han producido fugas”, señala, y que los procesados aseguran que lo volverán a hacer.
