madrid - Carlos García Juliá, condenado por participar en la matanza de Atocha en 1977, será conducido directamente a prisión una vez sea extraditado por Brasil para hacerle una liquidación de condena que fije cuántos años le quedan por cumplir tras haber huido de España al obtener la condicional. La Corte Suprema de Brasil autorizó la extradición de García Juliá, que fue detenido el pasado diciembre en Sao Paulo en virtud de una orden de busca y captura internacional cursada por España, a petición de la Audiencia Nacional. Una vez que Brasil dé el último paso para autorizar la extradición, las autoridades de este país comunicarán a Interpol la entrega para que los agentes españoles le vayan a recoger a Brasil o al Aeropuerto Adolfo Suárez, donde vendría acompañado siempre de agentes brasileños. Al tener una condena firme, la Audiencia Nacional dictará un mandamiento de prisión para que, una vez aterrice en el Estado español, sea conducido directamente a un centro penitenciario.
Entonces corresponderá a Instituciones Penitenciarias hacer una liquidación de condena: esto es, ver un cómputo entre el tiempo que ha cumplido y lo que le resta por cumplir, para determinar los años que deberá permanecer en prisión. Prisiones informará de ello a la Audiencia Nacional para que dé su visto bueno, una decisión que es recurrible por las partes. El antiguo militante de Fuerza Nueva, que tenía 24 años cuando cometió la matanza, fue condenado en 1980 por cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio en el despacho laboralista de CC.OO., en el número 55 de la calle Atocha de Madrid. Su condena fue limitada al máximo de 30 años previsto entonces por la ley y en 1991 se le concedió la liberad condicional. Obtuvo después la autorización para viajar a Asunción y trabajar allí, con la condición de presentarse mensualmente en la Embajada de España en Paraguay, pero incumplió lo previsto. Desapareció e inició entonces un periplo de fugas por Latinoamérica. Su última pista antes de ser arrestado se perdió en Bolivia. - Efe
