gasteiz - La sentencia del Tribunal Supremo contra la figura de los policías municipales interinos -611 en Euskadi del total de 3.119 agentes- ha cogido al Gobierno Vasco “con los deberes hechos”. Es lo que aseguró ayer el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, quien avanzó que para 2020 habrá unos 500 agentes con plaza más en la CAV, lo que vendrá a paliar prácticamente el problema. “Hace tiempo que ya venimos trabajando y previendo una eventualidad de este tipo, nos pilla en condiciones de poder responder razonablemente a la crisis que pueda generar”, dijo.

La sentencia, que parte de una denuncia presentada por la contratación de cuatro policías interinos por el Ayuntamiento de Santurtzi pero cuyo alcance se extiende a todo el Estado, asevera que “no resulta ajustado a derecho” el nombramiento de agentes que no sean funcionarios de carrera. Ello deja en una complicada situación a los 611 que ejercen en diferentes municipios de la CAV para suplir las bajas de policías, lo que tiene especial incidencia en localidades costeras en época estival.

En una entrevista en Onda Vasca, Erkoreka rebajó el alcance del fallo, que calificó de “atenuado”, y explicó que dentro de 15 días iniciarán el periodo de prácticas 236 policías locales “totalmente acreditados” como funcionarios y que a ellos se sumarán en octubre otros 276, que iniciarán su periodo de formación en Arkaute. Agregó que habrá que analizar “cuál es el alcance en términos jurídicos” de esta resolución.

Con este fin mañana se celebrará una reunión del grupo de trabajo entre el Departamento de Seguridad y Eudel que se encarga de la coordinación con las policías locales. Según ha podido saber este medio, sobre la mesa está la posibilidad de solicitar al Supremo una moratoria para la entrada en vigor del fallo. Fuentes de la Asociación de Municipios Vascos admitieron a DNA que “nos preocupa el impacto que pueda tener porque la seguridad es un tema prioritario para los ayuntamientos”. Recordaron además el efecto de la reforma de la Ley de Policía que se aprobará hoy en el Parlamento Vasco, que “consolidará el instrumento de las OPEs conjuntas”.

Elkarrekin Podemos pidió suspender la tramitación de esta ley hasta comprobar los efectos de la sentencia, y el sindicato ESAN denunció que los 611 policías interinos “quedan en la más absoluta de las indefensiones por la mala praxis de nuestros políticos”.