Madrid - El PP seguirá en el banquillo de los acusados, junto a tres empleados, por haber borrado ordenadores de Luis Bárcenas, al no aceptar el juez su pretensión de aplicar la doctrina Botín y anular el juicio, cuya vista oral comenzó ayer impulsada solo por las acusaciones populares.

Casi cinco años después del inicio del caso, en el juzgado de lo penal número 31 de Madrid empezó la vista con las cuestiones previas, en las que las defensas intentan rebatir la legitimidad de IU y varias asociaciones para acusar cuando la Fiscalía no lo hace y el perjudicado (Bárcenas) no se ha personado. Pero el juez Eduardo Muñoz de Baena decidió posponer su decisión sobre esa cuestión hasta la sentencia, ya que es previsible que haya recursos de apelación y, de cara a esas instancias superiores, resulta más adecuado celebrar el juicio oral y practicar la prueba.

Seguirán así como acusados el PP, su extesorera Carmen Navarro, el que era responsable de los servicios jurídicos Alberto Durán, y José Manuel Moreno, que ocupaba el puesto de director del sistema de informática y destruyó materialmente los discos duros en los que presuntamente Bárcenas guardaba datos sobre la supuesta caja B de los populares.

El PP alegó que siguió sus protocolos en aplicación de la Ley de Protección de Datos para poder asignar esos ordenadores a otros empleados, una vez que prohibió a Bárcenas entrar en la sede de Génova, pero la jueza de instrucción dudó de su versión y decretó la apertura del juicio oral. Los tres empleados están acusados del delito de encubrimiento y de daños informáticos, pero el PP sólo del segundo, al tratarse de una persona jurídica.

El letrado del partido también ha tratado de convencer al juez para declarar la nulidad del juicio al alegar que en los escritos de las acusaciones no existe un relato de los hechos específico de la persona jurídica y no se aporta la carga de la prueba, lo que provocaría al partido “indefensión”.

“Creemos que se está utilizado este procedimiento con una finalidad distinta a la recta Administración de Justicia”, añadió el abogado, que a la salida de la vista se mostró convencido de que “la sentencia final evidenciará de forma clara y contundente la inocencia de las personas físicas acusadas y del PP”, partido al que, según él, se acusa por “intereses políticos”.

La Fiscalía pidió ayer también sin éxito que las acusaciones populares pudieran mantener el delito de encubrimiento -porque se protegía un bien jurídico de interés colectivo-, pero no el de daños informáticos, en el que el único perjudicado habría sido el extesorero al quedarse sin archivos.

Pero las acusaciones populares -ejercidas por IU, la Federación Los Verdes, Observatori Drets Humans y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa- argumentaron que ambos delitos están conectados. A su juicio, no se puede alegar que la víctima sea solo un particular, ya que se generó un “daño gravísimo” a la administración de justicia, que investigaba la supuesta contabilidad opaca del PP y no pudo tener acceso a los archivos de Bárcenas. Tras esta sesión de cuestiones previas, el próximo jueves declararán los acusados y los primeros testigos, entre ellos la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y Bárcenas. - Efe