BARCELONA - Los cuatro fiscales que llevan la acusación en la causa del procés independentista en el Tribunal Supremo expondrán mañana su informe de conclusiones definitivas, en el que apuntarán las pruebas que a su juicio son claves para acreditar que hubo una “situación claramente insurreccional” y una instrumentación de la violencia que justifica las condenas que solicitan para los doce acusados, que en caso del exvicepresident de Catalunya y actual diputado suspendido Oriol Junqueras asciende años de condena por rebelión y malversación de fondos públicos.
En su escrito definitivo, la Fiscalía ya avanza que puede probarse que esta situación de insurrección comprende al periodo que va entre el 20 de septiembre de 2017 -con la protestas contra los registros en organismos de la Generalitat que ordenó un juez de Barcelona para abortar los preparativos del referéndum- y la jornada del 27 de octubre, fecha de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
A los aproximadamente 80 incidentes con enfrentamientos y hostilidades frente a Policía y Guardia Civil que se produjeron en los diferentes centros de votación en la jornada del referéndum del 1 de octubre, el Ministerio Público suma en su escrito definitivo de acusación otros 47 actos de acoso en cuarteles de la Guardia Civil, 23 actos similares en comisarías de Policía y edificios públicos del Estado, 11 en alojamientos y hoteles de funcionarios policiales, 47 ataques a sedes del PSC, y los graves incidentes que se produjeron los días 19 y 20 de septiembre, según reza el documento de conclusiones definitivas ya presentado ante la Sala que se expondrá mañana.
Los argumentos que acreditan esta violencia pivotarán sobre toda la exposición, que se extenderá durante unas cinco horas y en la que participarán los cuatro fiscales del caso, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno.
La Fiscalía pide además la aplicación al caso artículo 36.2 del Código Penal, que establece que cuando la duración de la pena de prisión impuesta es superior a cinco años el tribunal puede ordenar que el acceso de los condenados al tercer grado penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.
Así, y según el escrito definitivo, se pide para Junqueras 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos al considerarle jefe o promotor del procés. Las siguientes penas más altas que solicita el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional. - E.P.
