madrid - El embajador de España en Ginebra ha protestado ante la ONU por los “errores” y “distorsiones” que contiene el informe realizado por parte del grupo sobre detenciones arbitrarias, en el que se tilda de “arbitraria” la prisión de tres políticos presos del procés, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras. Según explicó la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, el embajador ha presentado lo que se denominan notas verbales, una para solicitar la revisión de esa “opinión” porque incluye “errores y distorsiones” y otra en la que alega que ha habido conflicto de intereses.

Celaá aseguró en primer lugar que los redactores del trabajo “parecen desconocer el delito” por el que los políticos catalanes están siendo procesados, “desconocen aparentemente la separación de poderes” y que su situación está en manos del Poder Judicial. Entiende también que el documento supone una “interferencia clara” en el trabajo judicial, porque llega “justo antes” de que el Tribunal Supremo cierre el juicio oral y lo deje visto para sentencia.

Moncloa protesta a su vez porque dos de los cinco miembros del grupo de expertos han tenido “estrechas relaciones” con uno de los abogados de los políticos soberanistas, Ben Emmerson, letrado de Carles Puigdemont y los presos ante la ONU. El Ejecutivo señala a José Antonio Guevara Bermúdez (México) y a Seong-Phil Hong (Corea del Sur), cuyo contacto con Emmerson “hubiera exigido su abstención”.

El embajador también protesta porque no se respetó el embargo de 48 horas que se impone a estos trabajos para que los conozcan los gobiernos receptores. Moncloa tendría que haber recibido el escrito el pasado miércoles a las 17.30 horas, que sería público 24 horas después, pero se filtró antes.

Cortina de humo En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha escrito una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para expresar varias “quejas y solicitudes” en relación con el informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Argumenta que “algunos de sus miembros no deberían seguir participando en sus actividades”, dijo Borrell en rueda de prensa.

Agregó que, por cortesía, no quería detallar esas quejas hasta tener la seguridad de que la destinataria ha recibido la carta, pero dejó claro que “hay circunstancias que deben ser corregidas”. Eso sí, avanzó que una de ellas se refiere a la forma en la que se produjo la “filtración” del informe, lo que indica “cierta connivencia o correlación entre quien emite la opinión y quien la comunica a la opinión pública”.

Es más, opinó que este informe busca “tender una cortina de humo” sobre otra decisión de “importancia extraordinaria”, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avaló la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament del 7 de octubre de 2017, en el que el expresident Carles Puigdemont iba a valorar el referéndum del 1-O. - DNA