Trabajar en Madrid con el fin de lograr beneficios para Euskadi. Este modus operandi, asumido de forma tradicional por el PNV, ha tenido un protagonismo destacado durante los nueve meses de la presente legislatura. La intención declarada del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de dar vía libre a la mayoría de los 37 traspasos de competencias pendientes alumbró la esperanza de, esta vez sí, cumplir en su integridad el Estatuto de Gernika cuando se cumplen cuatro décadas de su aprobación en 1979. El Grupo Vasco en el Congreso liderado por Aitor Esteban se ha empleado a fondo con este objetivo hasta el último minuto, y como ejemplo de ello está el traspaso de la AP-68, confirmado hace una semana y que ha supuesto que la CAV pase a gestionar toda la red de carreteras de su territorio.

El traspaso de la AP-1 y de dos líneas de tren el pasado noviembre resultaba especialmente halagüeño de cara a los frutos que pudiera reportar esta legislatura. Además del grupo del PNV en la Cámara Baja y el Gobierno Vasco, el lehendakari Iñigo Urkullu se implicó en favor del acuerdo enviando una misiva al líder socialista en la antesala de la última convocatoria de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Congreso tras la disolución de las Cortes. Por su parte, Pedro Sánchez se jugaba la aprobación de los decretos sociales que ha venido alumbrando el Consejo de Ministros en las últimas semanas y en los que ha fiado buena parte de su impulso en esta campaña. Para ello tenía que reeditar la mayoría que le aupó a la presidencia del Ejecutivo español y el voto del PNV resultó crucial, con el decreto de alquileres en la balanza hasta el último momento.

El adelanto electoral tras decaer el proyecto de Presupuestos elaborado por el gabinete socialista para 2019 dotó de un plus de urgencia a la negociación con el PNV. Fue el pasado día 3 en la Diputación Permanente, la última antes del inicio de la campaña para las generales, cuando la formación jeltzale sacó el máximo partido a sus votos en la Cámara Baja. Con el decreto de alquileres del gabinete socialista sobre la balanza, se consumó el pacto y Sánchez vio sus decretos aprobados a cambio de cuatro transferencias a Euskadi: además del tramo de 77,5 kilómetros que va desde Bilbao hasta la frontera con Burgos se encontraban ayudas a la jubilación de trabajadores afectados por ERE, la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos y el seguro escolar. Hasta ese momento eran objeto de negociación ocho traspasos.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública de Meritxell Batet se comprometió a convocar la Comisión Mixta de Transferencias para hacer efectivo este paquete de competencias. El objetivo era encarrilarlo antes del inicio de la campaña electoral, que podría condicionar cualquier avance. Sin embargo, el jueves día 11, a escasos minutos de la tradicional pegada de carteles, el acuerdo sobre estas cuatro materias se demoró por una nueva variable introducida por Moncloa, un cambio en el sistema para calcular la valoración económica de estos traspasos que alteraba el modelo histórico amparado por el Concierto Económico. Finalmente, la Comisión Mixta se reunió el día 16 y, haciendo uso de un método de cálculo que respeta la forma de proceder empleada hasta ahora, confirmó la transferencia de la AP-68.

Respecto a los otros tres traspasos, a la espera de confirmar si Sánchez se mueve por puro cálculo electoral, mientras siente el aliento de los partidos de derecha en la nuca, o si los reserva como baza para una futura investidura, ninguna de las partes da la negociación por cerrada. La pelota podría quedar, no obstante, en manos de un Gobierno del PSOE si Sánchez logra mantener la presidencia o del nuevo inquilino de Moncloa. El candidato socialista a la reelección no ha dado su brazo a torcer fácilmente con la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la competencia de las prisiones se erige a su vez como una de las más simbólicas para el Gobierno Vasco. La gestión de las cárceles se haría desde Euskadi en aplicación de la legislación estatal y se prevé que podría conllevar una flexibilización de la política penitenciaria en el actual tiempo sin violencia.

En esta tesitura EH Bildu también ha reclamado su cuota de protagonismo. El coordinador general de la formación, Arnaldo Otegi, alardeó de que el PSOE había llamado de forma “insistente” para amarrar el respaldo a los decretos por parte de los dos diputados de la formación en el Congreso, provocando las iras de PP y Ciudadanos contra Sánchez.

El cambio de paradigma tras el desalojo de Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno ha sido tal que la izquierda abertzale ha aparcado su histórico desdén a las políticas que se desarrollan en Madrid, que en ocasiones le ha llevado a no ocupar sus escaños en la Cámara Baja, y ha pasado a abrazar el posibilismo por el que tantas veces ha criticado al PNV. A la espera del veredicto de las urnas, EH Bildu busca seguir teniendo un papel importante en el juego de mayorías posterior y así lo ha querido hacer valer en la presente campaña electoral.

Dependencia de Madrid Las sucursales de partidos estatales en Euskadi, PSE, PP y Podemos, lo tienen más difícil para vender su capacidad de influencia en Madrid al depender de los designios de sus respectivas cúpulas en la capital del Estado. Pese a ello, conocidos rostros como el exalcalde socialista de Donostia y ahora diputado Odón Elorza se han encargado de llevar asuntos de la agenda vasca a la tribuna de oradores del Congreso. Otro exalcalde del PSE, en este caso de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, ha sido uno de los senadores más activos a lo largo de esta legislatura.

Por el contrario, el PP de la CAV amparó la moción que aprobó el Senado, con mayoría de los populares, que reclamaba al Gobierno español no aceptar el calendario de transferencias a Euskadi, incumpliendo así el Estatuto de Gernika. El partido que preside Alfonso Alonso también quedó en una situación comprometida tras la propuesta lanzada por su líder estatal, Pablo Casado, de que Policía española y Guardia Civil tengan una “prevalencia” sobre el resto de cuerpos, incluida la Ertzaintza y los Mossos. Algunas encuestas arrojan que los populares vascos no obtendrán representación el 28-A, lo que dejaría fuera a la mano derecha de Casado, Javier Maroto, cabeza de lista por Araba.

Además del capítulo de las transferencias, hay importantes inversiones e infraestructuras que han sufrido un empujón definitivo en los últimos meses. Es el caso del TAV, sobre el que los gobiernos de Urkullu y Sánchez acordaron el pasado mes de octubre la licitación de las obras del corredor de acceso y la estación soterrada de Abando para su posterior ejecución y finalización, prevista en 2023. El estudio informativo para que la alta velocidad sea una realidad en Euskadi prevé un presupuesto global de 767 millones de euros, casi 40 millones más que los 728 anunciados hace un año, con Mariano Rajoy aún como presidente español.