Euskadi, faro en memoria histórica

La intención del Gobierno de Pedro Sánchez de reactivar estas labores ha convertido el trabajo en común con las Comunidades Autónomas en imprescindible. Pero las diferentes velocidades entre territorios es asimismo flagrante, tal y como atestigua Francisco Etxeberria, profesor de Medicina Forense de la UPV/EHU y absoluta eminencia en este área: “El panorama es desigual en toda España porque hay lugares como la CAV o Navarra que llevamos años haciendo esta tarea y, hablando específicamente de desaparecidos, estamos cerca del final, y sin embargo otras Comunidades Autónomas casi no han empezado”.

La exhumación de fosas de asesinados durante la Guerra Civil y el franquismo es la foto fija más paradigmática. Según Etxeberria, evoca “un punto neurálgico, que es la idea de la injusticia”. Preguntado por las comunidades que tienen un mayor recorrido por delante, afirma que “donde no se ha hecho nada con carácter oficial es en Castilla-La Mancha”. De hecho, cuando el Gobierno de Zapatero llevó a cabo en 2011 un mapa de fosas, que se puede consultar en la página web del Ministerio de Justicia, “algunas administraciones autonómicas ni respondieron, no quisieron colaborar”. También cita Murcia o Cantabria, “que durante muchos años ha mirado para otro lado y no ha querido hacer absolutamente nada. Pero en los dos últimos años las cosas han cambiado mucho y se han incorporado”, apostilla.

En declaraciones a este diario, explica que “cuando el Gobierno central dejó de impulsar esas iniciativas, muchos ayuntamientos y otras comunidades empezaron a imitar el modelo que aquí ya estaba funcionando”. Se trata de territorios que “no tenían experiencia, no se atrevían o tenían miedos” y cuyos equipos técnicos “se han formado con nosotros, han venido para ver cómo hacíamos las cosas, con qué protocolos se recogían los testimonios, cómo se documentaba cada caso, cómo se trabajaban los expedientes, cuándo se hacían las exhumaciones... Y todo eso ahora se ha extendido a todas partes”.

Respecto a la travesía en el desierto de los últimos años, Eduardo Ranz, abogado especializado en memoria histórica y actual asesor del gabinete de la ministra de Justicia, asegura que “la práctica nos ha demostrado que las Comunidades Autónomas, especialmente las que tienen una legislación propia, han mejorado el barbecho al que el PP había sometido la Ley de Memoria Histórica”. Añade que “hemos estado unos años con cero euros, en los que la ley estaba derogada de facto y las comunidades lo han solucionado a través de una política pública autonómica”. Todo ello “encabezado por el País Vasco, Navarra, el País Valenciano y Andalucía”, a la que se refiere como “una de las pioneras en el ámbito legislativo y científico”. Califica por tanto de “involución” la pretensión anunciada del PP, C’s y Vox de derogar la Ley de Memoria Histórica andaluza.

Estado actual de las fosas Tras más de un lustro en el dique seco, la moción de censura que desalojó a Rajoy y la llegada del gabinete socialista a Moncloa insufló nuevos aires a la memoria histórica, no en vano la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, aún no consumada, ha sido una de sus iniciativas estrella. “Ya tenemos todo el legislativo y el ejecutivo, y ahora falta el poder judicial, estamos a la espera de lo que determine el Tribunal Supremo”, asevera Ranz.

A ello se suma que el proyecto de presupuestos del gabinete Sánchez de este año incluía una partida de 15 millones de euros para la Ley de Memoria Histórica, con diferencia la más elevada desde la puesta en marcha de la ley en 2007. La no aprobación de las Cuentas y la prórroga de las de Rajoy, con sus cero euros, ha frenado esta pretensión pero no ha impedido que el Gobierno siguiera llevando a cabo diversas iniciativas en esta línea.

En declaraciones a este medio, Ranz destaca que “lo primero que se hizo fue constituir una Dirección General para la Memoria Histórica, un hecho sin precedentes en democracia”. A ello añade “actos relacionados con el exilio, avances en materia de ADN y censo de víctimas, reuniones con representantes de Comunidades Autónomas que nunca se habían celebrado desde el ámbito gubernativo, más de 700 cartas dirigidas a ayuntamientos para la retirada de simbología y una serie de actuaciones encaminadas a conocer la situación real de las fosas”. Este último apartado, el de las exhumaciones, es “el más sensible” y una “prioridad” a juicio del abogado, por lo que se encargó la elaboración de un informe para “conocer cuál es la situación de las fosas antes de empezar a trabajar”.

Con el título Estado actual de las exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil y dictadura franquista. Recomendaciones para el futuro, este voluminoso trabajo fue realizado por doce expertos coordinados, precisamente, por Francisco Etxeberria. El antropólogo forense explica que en ese documento cifran en 25.000 las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que quedan por recuperar, después de las 9.000 que se han exhumado hasta la fecha. “Con un plan de intervención decidida con impulso político, con recursos y con equipos humanos, se podría hacer lo que queda pendiente en un plazo de cuatro o cinco años”, asevera.

Pese a ello, de esa cifra total la previsión es que tan solo se podría identificar a entre 5.000 y 7.000 personas. “No es fácil porque con el transcurso de 80 años a veces los restos no están bien conservados o no quedan familiares idóneos para hacer el cotejo de ADN”, ilustra el experto. Insiste en que se trata de “un informe muy extenso que seguramente permitirá a más de una autoridad saber lo que ha ocurrido en su propio territorio”, ya que solo ha habido apoyo institucional para impulsar estos trabajos en “País Vasco, Navarra, Aragón, Baleares, Extremadura y Andalucía”.

En el resto “nosotros sabemos mucho más lo que se ha hecho que las propias autoridades, que ahora tienen que pensar qué es lo que quieren hacer. Ese fue precisamente el objetivo del informe”. Eduardo Ranz apostilla que “la idea es transformar el informe en un plan de choque de carácter autonómico para dar continuidad a algo tan necesario como recuperar a nuestros olvidados y que las familias se reencuentren con sus seres queridos”.

Preguntado por la actividad variable en memoria histórica en función del color político del gobierno de turno, Francisco Etxeberria concluye que “son más los años en que no ha habido apoyo institucional que los años en que sí lo ha habido, excepto la CAV”. Insiste en que “aquí sí ha habido formalidad y por eso se han ido haciendo entrevistas, investigación de archivos, análisis genéticos, exhumaciones y análisis de los restos... Todo ese recorrido”.

En la CAV. El Gobierno Vasco lleva años impulsando políticas para “compensar la grave injusticia histórica de la dictadura con las víctimas del franquismo”. De cara a ordenar el conjunto de actuaciones se presentó el Plan de Paz y Convivencia, entre cuyas medidas se encuentra la elaboración, junto con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, de un mapa de fosas de la Guerra Civil y el franquismo con información técnica sobre los lugares en los que existen fosas comunes. En el Estado. El mapa de fosas del Ministerio de Justicia lleva sin actualizarse desde 2011, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió paralizar las actuaciones relacionadas con la Ley de Memoria Histórica, a la que a partir de entonces dedicó cero euros en sus presupuestos anuales. El Ministerio sitúa el mayor número de estos enterramientos en zonas como Andalucía, Aragón y Asturias, aunque el Valle de los Caídos es, con diferencia, el enclave que acoge el mayor número de víctimas exhumadas.