La legislatura que ahora acaba arrancó en octubre de 2016, tras casi un año de gobierno del PP en funciones. La incertidumbre de aquellos meses previos a las elecciones de junio de 2016, en las que volvió a ganar Mariano Rajoy, fueron la antesala de lo que estaba por venir.

A las urnas

Punto de partida. El PP, que llega de perder la mayoría absoluta en las elecciones de diciembre de 2015, es incapaz de conseguir apoyos y el PSOE no cuadra el círculo de pactar con Unidos Podemos y Ciudadanos. Se disuelven las Cortes y se convocan elecciones con los mismos cabezas de lista: Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera.

El 26 de junio de 2016 el PP refuerza su mayoría al pasar en seis meses de 119 a 134 escaños. El PSOE perdió diputados (de 89 a 84), pero ahuyentó el fantasma del sorpasso de Unidos Podemos que entonces parecía tan posible. Los morados subieron de 65 a 67, mientras que Ciudadanos probó una ley que parece que puede darse este 28-A en la izquierda: la marca principal del centro-derecha subió y la segunda cedió: de 40 a 32 escaños.

Adiós, Sánchez

El verano transcurrió y no se movió nada hasta que vascos y gallegos votaron para sus parlamentos a finales de septiembre. Los resultados del PSOE llevaron a los barones críticos a pedir la cabeza del secretario general, Pedro Sánchez, ya cuestionado por su no es no a Rajoy. Ante el riesgo de otra legislatura bloqueada, Ferraz vivió una tensa reunión del Comité Federal en la que se puso en duda todo lo dudable y acabó con la salida de Sánchez. Era el 1 de octubre.

Tres semanas después, el PSOE liderado por el presidente asturiano, Javier Fernández, acordó abstenerse en la investidura de Rajoy. Fue el único partido que se abstuvo. Rajoy recibió los votos del PP, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias. El resto del hemiciclo votó en contra.

Cada vez mayor desgaste

Rajoy renovó parte de su gabinete, pero la mayoría de sus ministros continuaron. Estilo Rajoy. En el partido, cada vez era más evidente el malestar del ala derecha, tanto que el presidente de honor, José María Aznar, renunció al cargo en diciembre.

El PP vivió en los dos primeros meses de 2017 varios reveses. Por un lado, el Consejo de Estado responsabilizó al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42 en 2003, cuando el popular Federico Trillo era ministro. Por otro lado, la corrupción: Francisco Correa, Rafael Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes fueron encarcelados por la rama valenciana del caso Gürtel, y Miguel Blesa y el exvicepresidente español Rodrigo Rato fueron condenados por las tarjetas black de Caja Madrid.

La Zarzuela también vivió días intranquilos: el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, fue condenado a seis años de cárcel por corrupción. La infanta Cristina de Borbón, absuelta.

La acción política, sin apenas luces, tampoco era un salvavidas para el Gobierno. Las Cortes reprobaron a cinco ministros. El primero fue el de Justicia, en mayo de 2017 por el caso Lezo que un mes antes supuso el arresto del expresidente madrileño Ignacio González. En junio fue reprobado Cristóbal Montoro después de que el Constitucional anulara la llamada amnistía fiscal. A la vuelta de verano, Juan Ignacio Zoido (Interior), Alfonso Dastis (Exteriores, el primer ministro de la historia reprobado en dos ocasiones) y Dolors Montserrat (Sanidad) también recibieron el reproche político de la Cámara baja. Ninguno dimitió.

Podemos fracasa

Este contexto llevó al líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, a presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy por “el estado de excepción democrático, con un saqueo público permanente”. La iniciativa, con el PSOE más que revuelto, ni derrotó a Rajoy aritméticamente ni lanzó la imagen de Iglesias como presidenciable, como había conseguido Felipe González con su fallida moción de 1980 contra Adolfo Suárez.

Al PP aún le quedaba margen para resistir y dejar imágenes inéditas: en verano de 2017, el presidente Rajoy declaró como testigo ante la Audiencia Nacional en el caso Gürtel. Fue la primera vez que un jefe del Ejecutivo se sentaba como tal ante un tribunal.

El ‘procés’, los procesos

Si en la Villa y Corte madrileña la vida política andaba de todo menos tranquila, la vida política en Catalunya también estaba muy viva. Con Madrid bloqueado, en enero de 2016 el hasta entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, fue elegido nuevo president tras el veto de la CUP a Artur Mas. En sus primeros meses Puigdemont trató de aprobar unos presupuestos que la CUP tumbó.

Esta decisión llevó al president, que trataba de impulsar la hoja de ruta hacia la independencia, a presentar una cuestión de confianza al Parlament. Se votó el 28 de septiembre de 2016. Sin gobierno aún en Madrid. Puigdemont salió vivo... gracias a la CUP.

El 6 de octubre el Parlament instó al Govern a preparar un referéndum, que se anunció de manera oficial en junio de 2017. Entre agosto y septiembre vieron la luz la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, y la Ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Catalunya. Con la campaña institucional a favor de la consulta, todo estaba en marcha.

También en Madrid. El 20 de septiembre la Guardia Civil inició por orden de la Fiscalía una operación policial para tratar de detener el referéndum, que terminaría celebrándose el 1 de octubre entre graves enfrentamientos. El Gobierno español, que tenía a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como ministra para asuntos catalanes, se mostraba convencido de que no habría consulta. El 3 de octubre, día de huelga general en Catalunya, el rey español, Felipe de Borbón, llamó “a los legítimos poderes del Estado” en una intervención al margen de las protocolarias “a asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”.

El día 10, el president Puigdemont declaró y suspendió a los pocos segundos la independencia catalana, que el Parlament votó el día 27. Ese mismo día, el Senado español aprobó por primera vez en su historia activar el artículo 155 de la Constitución y tras un Consejo de Ministros extraordinario, Rajoy anunció la intervención de la autonomía y la convocatoria de elecciones catalanas para el 21-D.

Sánchez vuelve

A la cada vez mayor pugna en el Congreso de los Diputados con un Gobierno sin mayoría absoluta y a la cada vez más tensa vida política en Barcelona, hubo que sumar la tensión en Ferraz, dividido tras la caída de Sánchez en octubre. Tres meses más tarde y en el terreno desde el que más se empujó su caída, Sánchez anunció en Sevilla que se presentaría a las primarias. Con el 80% de participación de la militancia, el aspirante del no es no regresó a Ferraz con algo más del 50% de los votos, frente al 40% de Susana Díaz y el 10% de Patxi López.

Una de sus primeras patatas calientes fue decidir abstenerse en la moción de censura de Iglesias contra Rajoy. Sánchez empezaba a desbrozar su futuro junto al consultor Iván Redondo, que hasta entonces había aconsejado al presidente extremeño, José Antonio Monago (PP).

La calle late

Si el comienzo de 2017 fueron los tribunales los que le nublaron el horizonte a Rajoy, en el arranque de 2018 habla la calle. La huelga feminista del 8 de Marzo desbordó las expectativas más optimistas y mujeres de todo signo y condición llenaron las calles para declarar la guerra a la desigualdad.

Hubo más. Con Euskadi como uno de los epicentros, en marzo arrancaron las movilizaciones por unas pensiones dignas, que entroncaron con la sempiterna demanda de un mejor salario mínimo.

Rajoy tuvo aún más problemas. Cuando parecía que Puigdemont había caído al norte de Alemania, la Justicia alemana lo liberó en Neumünster tras diez días de arresto al entender que el objeto de la acusación de la euroorden española no se ajustaba a los delitos que se le podrían imputar en Alemania y su equivalente penal. El expresident regresó a Bélgica -dirigentes del PP cuestionaron la cooperación europea e incluso la debilidad de Madrid ante el procés-, mientras que dirigentes soberanistas como Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa estraban en prisión. Tras las elecciones del 21 de diciembre, Quim Torra fue investido el 14 de mayo y su Govern tomó posesión el 2 de junio.

Los casos de presunta corrupción tampoco dieron tregua a Rajoy en 2018. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en la picota por el caso Máster, renunció después de que se filtrara un vídeo suyo cazada robando unas cremas años atrás.

En primavera, las siglas de ETA que protagonizaron tantas décadas de la política española dijeron su adiós definitivo. En Madrid pasó casi desapercibido. El ruido era ya otro.

‘Gürtel’, la puntilla

24 de mayo de 2018. La Audiencia Nacional condena al PP como responsable a título lucrativo de la causa sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005). La cúpula del PSOE ve su oportunidad de atacar la cumbre y presenta la moción de censura antes incluso de que lo debata la Ejecutiva Federal. La interrogante hasta última hora de lo que harían ERC, JxCAT y el PNV mantuvo en vilo a Rajoy, que terminó la tarde del debate de la moción encerrado en un restaurante mientras el bolso de Sáenz de Santamaría ocupaba su escaño.

Sánchez tomó posesión el 2 de junio y, lo que es lo mismo, la convulsión de Ferraz pasó a Génova. Las tesis duras de Pablo Casado -miembro de la dirección del PP de Rajoy- triunfaron frente a Sáenz de Santamaría.

Mientras tanto, el Gobierno español bandeaba para evitar escándalos, incluido el de la tesis doctoral de Sánchez, pero no evitó que Màxim Huerta -uno de los ministros estrella- y Carmen Montón dimitieran. Su imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos y el procés, ante el que Sánchez intentó contemporizar hasta que las elecciones andaluzas retiraron el poder a Susana Díaz -su segunda derrota política en año y medio- y metieron a Vox en el Parlamento sevillano, han marcado su mandato. El 15 de febrero anticipó las elecciones para el próximo 28 de abril y puso fin a una legislatura que han parecido dos.