madrid - El Gobierno español defendió ayer con una claridad desconocida hasta la fecha el traspaso de la gestión de las prisiones a suelo vasco. El gabinete de Pedro Sánchez ha lanzado mensajes contradictorios sobre este asunto ante el marcaje del PP, primero negando la competencia por boca del ministro Grande-Marlaska, y después confirmándola en una alusión relámpago del propio presidente en el Congreso de los Diputados, e incluyéndola en un lugar no prioritario en el calendario de transferencias, que sitúa el horizonte del acuerdo en enero de 2020. Sin embargo, la vicepresidenta Carmen Calvo defendió ayer sin remilgos este traspaso ante la ofensiva del PP, y recordó que es una obligación legal porque aparece en el Estatuto de Gernika. Por ello, pidió a los populares que dejen de “enredar con ETA”, porque el traspaso no sería más que cumplir una Constitución de la que el propio PP intenta presentarse como garante, mientras pide incumplir el desarrollo competencial.

En una intervención en el Fórum Europa, Calvo acusó a PP y Ciudadanos de cometer una “ofensa gravísima” por “enredar con ETA”. Los acusó de incumplir la Constitución por pasar por alto las competencias que recoge el Estatuto. “¿Qué parte de la Constitución le gusta a la derecha y qué parte no? ¿Qué parte eligen cada día?”, lanzó. Por ello, les pidió que se acostumbren a “la Constitución entera”. “Estamos hablando de cosas que forman parte de las mentiras, las confusiones y del enredo gravísimo, porque enredar con ETA las transferencias es un asunto gravísimo”, avisó.

Este mensaje se produjo precisamente el mismo día en que el consejero Erkoreka y la ministra Batet escenificaban su sintonía en Madrid en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes. El Gobierno Vasco, que esta vez sí envió a Erkoreka como representante, escuchó por boca de Batet la confirmación oficial de que el Ejecutivo español está cumpliendo los plazos previstos en el calendario: la ministra aseguró que ya tiene “muy avanzado” el documento con la propuesta de siete traspasos que se enviará a principios de febrero, en los diez primeros días. Esos traspasos hacen referencia a los productos farmacéuticos, el seguro escolar, las ayudas a la jubilación de los afectados por los ERE, los trenes de cercanías, las escuelas viajeras, centros de estudios de obras públicas, y administración institucional e investigación tecnológica. Los dos gobiernos quisieron cerrar una jornada plagada de gestos y sintonía, aunque Erkoreka aclaró que habrá que ver en los próximos días si hay acuerdo en los contenidos.

la polémica Calvo recalcó que cumplir el Estatuto es ley, y arremetió contra la estrategia del PP, que en el caso de las prisiones trata de desgastar a Sánchez asegurando que es la demanda por excelencia de ETA, y que el Gobierno vVasco va a dar un trato privilegiado a los reclusos de la organización ya disuelta. Calvo se reafirma en el traspaso, y evita un encontronazo con sus socios del PNV, decisivos para aprobar los Presupuestos y agotar la legislatura. Además, la consejera San José, que se encargaría de las cárceles, es del PSE.

El Estatuto establece que a la comunidad autónoma le corresponde la gestión de las cárceles, pero cumpliendo la legislación estatal. Es decir, las instituciones vascas gestionarían las cárceles de Zaballa, Basauri y Martutene, pero lo harían en aplicación de la ley estatal, porque Madrid tiene la competencia para legislar sobre los requisitos de los beneficios penitenciarios. No obstante, las juntas de tratamiento de las cárceles serían vascas, y podrían realizar una lectura más progresista y apegada a la realidad vasca a la hora de evaluar el progreso de los presos. El PP se aferra a ese dato para sugerir que Urkullu va a hacer favores a los reclusos.

El PNV pide explicaciones a Alonso. En paralelo, el PP mantuvo su ofensiva contra el cumplimiento del Estatuto, que es una ley orgánica. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, retó al líder de los populares en la comunidad autónoma, Alfonso Alonso, a aclarar si comparte la posición de su grupo en las Cortes estatales, porque el PP volvió a pedir ayer la comparecencia de Batet para explicar el calendario de 33 transferencias y lo considera un desmantelamiento del Estado, lo que supone abogar por el incumplimiento de una ley orgánica. Esteban recalcó que “estaría bien conocer la opinión que Alfonso Alonso y el PP vasco tienen de la astracanada disfrazada de petición de comparecencia”.