vitoria - El Gobierno Vasco ha pasado a un segundo plano a la espera de que el Parlamento Vasco redacte el informe jurídico que pidió Eva Blanco, de EH Bildu, y confirme si el procedimiento de lectura única para la ley que busca mitigar la prórroga presupuestaria es correcto. Este es el nudo gordiano del debate, porque EH Bildu y Elkarrekin Podemos consideran que este procedimiento no es democrático y quieren votar las medidas por separado y presentando enmiendas. Desde el departamento del consejero Azpiazu aseguran a este periódico que están convencidos de que el informe va a respaldar su visión. “Jurídicamente, el procedimiento escogido es impecable. El proyecto no se puede cuestionar por su forma”, recalcan.
La ley se encuentra ahora mismo en el Parlamento Vasco y, debido a la vía escogida, ya no hay margen para cambiar las cifras. Lo hubo antes, en la fase previa de consultas del consejero con los grupos. Por lo tanto, esta tramitación es ya un cara o cruz. La clave la podría tener este informe jurídico que, si respalda la visión del Gobierno Vasco, podría añadir presión a EH Bildu y Elkarrekin Podemos. La coalición morada, por ejemplo, no aclara qué haría en ese supuesto. “Vamos a esperar al informe para anunciar la intención de voto”, dicen a este periódico.
El consejero se reafirma en el método empleado porque es el que permite agilizar los trámites y activar de inmediato medidas de las que dependen miles de personas, como la subida del sueldo a los funcionarios (2,25%), el salario de los profesores de la concertada (2,25%), la RGI (3,5% en general, y 4,5% para los pensionistas) y el incremento de un 5% en las ayudas a la conciliación. Azpiazu negó ayer en rueda de prensa en Gasteiz que haya pecado de “prepotencia”, y aseguró que ha actuado con “responsabilidad” para poner en marcha cuanto antes unas medidas “imprescindibles”. Dijo que esta vía es similar a los decretos del Gobierno español en circunstancias similares, que luego se convalidan en el Congreso.
El Gobierno vasco no quiere situarse en la hipótesis de que la ley caiga en el Parlamento, ni avanza si existen otros mecanismos para hacer posibles los incrementos. Desde el Ejecutivo asisten con evidente contrariedad a los movimientos de la oposición, donde ven escasa voluntad política, y dudan de que el desenlace hubiera sido otro si el método fuera diferente. Es más, creen que la negociación hubiera sido un vía crucis eterno, que retrasaría las medidas hasta otoño en el mejor de los casos. El Gobierno Vasco se ha decantado por un procedimiento que evite el extenso procedimiento ordinario en ponencia parlamentaria, y ha colocado las cifras posibles dentro de su margen presupuestario para elevar la renta de garantía de ingresos. Lakua asume que le toca sufrir, y lo encuadra en la larga precampaña de las elecciones municipales y forales de mayo. - M. Vázquez