gasteiz - El Gobierno Vasco aprobó ayer el proyecto de ley para subir un 2,25% los salarios de los funcionarios y del personal de los centros de enseñanza concertados, un texto que incluye medidas por un importe cercano a los 250 millones de euros, entre las que también figura el aumento del 3,5% en la RGI, y la subida del 5% en las ayudas a la conciliación de la vida personal y laboral. Esta norma, pensada para paliar la ausencia de nuevos Presupuestos, ha suscitado las críticas de EH Bildu y Podemos, que reclaman al Ejecutivo de Urkullu que se abra a negociarla con el resto de grupos.
La norma, presentada por el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu; recoge algunas de las principales medidas que las Cuentas fallidas contemplaban para 2019. Así, incluye un incremento del 2,25% en las retribuciones de los empleados públicos, que tendría efectos a fecha de 1 de enero de 2019. Esta subida se actualizaría en el caso de que la legislación básica del Estado permitiera en los próximos meses establecer un incremento superior. El texto prevé la misma subida para la partida destinada a los salarios del personal de los centros de enseñanza concertados.
Por otra parte, se establece un incremento general del 3,5% para la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos, cifra que en el caso de los pensionistas con bajos ingresos que perciben esta prestación sería del 4,5%. Además, la ley recoge la eliminación del recorte del 5% que se aplicaba hasta ahora en las ayudas a la conciliación de la vida personal y laboral.
La intención del Gobierno es tramitar el proyecto, que considera “urgente e inaplazable”, por el procedimiento de lectura única, que impide la presentación de enmiendas por parte de la oposición e implica la votación en bloque de todas las medidas recogidas en el texto. El consejero de Hacienda, en respuesta a las críticas de la oposición al procedimiento empleado para la tramitación de esta ley, asegura que los contenidos de la misma son lo “suficiente homogéneos” como para poder incluirlos en un único texto. Azpiazu también defiende que se recurra a la vía de la lectura única, un procedimiento cuya validez para tramitar un texto de este tipo ha sido cuestionado por EH Bildu.
La Mesa del Parlamento ha decidido elaborar un informe jurídico, para decidir en la reunión del martes de la próxima semana cómo se realiza finalmente la votación, según explicaron fuentes parlamentarias a Europa Press. En todo caso, el proyecto no podrá debatirse en el pleno del 7 de febrero, ya que la Junta de Portavoces ha establecido el orden del día para esa sesión plenaria sin incluirlo, y podría quedarse para el del de día 14.
críticas en el parlamento En efecto, el grupo parlamentario de EH Bildu ha instado al Gobierno Vasco a “dejar las imposiciones y abrir vías para la negociación” de la también llamada ley de acompañamiento presupuestario, y tramitarla de un modo “más democrático y reconociendo el derecho de los grupos de la oposición a presentar enmiendas”.
También Elkarrekin Podemos se pronunció en términos similares. Según criticó la parlamentaria Cristina Macazaga, “el autoproclamado Gobierno del diálogo vuelve a presentar una ley presupuestaria que corre el riesgo de no salir, porque no la ha negociado con nadie”. Además, Macazaga lamentó que el Ejecutivo quiere tramitarla por un procedimiento de excepcionalidad, cuando es “innecesario y con una urgencia que no existe”. - DNA
