gasteiz - El Gobierno de Iñigo Urkullu cree que la transferencia a la CAV de la competencia de Prisiones no significa que se “abran las puertas de las prisiones”, sino que podría traer consigo una manera de “concebir” la política penitenciaria “más esmerada, progresista y avanzada”, tomando como ejemplo el modelo catalán. Así se pronunció ayer el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, que también se refirió al calendario de transferencias acordado entre los gobiernos español y vasco, del que queda fuera la gestión del régimen de la Seguridad Social.
Tras señalar que quien tiene que hacer efectivas las transferencias es el Estado y, por ello, a él “le corresponde el impulso”, Erkoreka recordó que está previsto que en la primera semana de febrero se encuentren sobre la mesa los contenidos referidos al primer bloque. “A partir de que lo recibamos, empezará un proceso negociador que puede ir sobre ruedas o tener dificultades. Nuestra posición está clara, la del Gobierno español aún no la conocemos. Han identificado algunas materias con epígrafes, que no siempre coinciden con la que nosotros habíamos usado y no sabemos a qué se refieren. Solo lo sabremos cuando nos remitan la propuesta correspondiente, a eso esperamos”, describió. Erkoreka advirtió en Radio Euskadi de que la propuesta planteada por el Ejecutivo de Sánchez tiene “las mismas virtudes y defectos” que tenía de inicio, ya que “no incorpora” materias que el propio Parlamento Vasco ha determinado como “prioritarias”, en referencia a la Seguridad Social.
En lo que respecta a la de Prisiones y algunas de las críticas recibidas, el portavoz del Gobierno Vasco evocó que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya ha aclarado que “no implica la asunción para las instituciones vascas de la competencia para legislar”. “El ministro ya señaló que serían las juntas de tratamiento de las prisiones quienes elaborarían los informes que desembocan en los expedientes correspondientes. Nosotros no modificaríamos la estructura interna de los establecimientos penitenciarios, ni suprimiríamos las juntas de tratamiento ni alteraríamos la composición de las juntas. Hablamos de aplicar la misma ley penitenciaria del Estado por parte de las mismas personas”, incidió. De este modo, estimó que el Gobierno Vasco podría “posiblemente” crear una manera de “concebir” la política penitenciaria de una manera “más esmerada o cuidada, progresista y avanzada”, pero eso no significa que se “abrieran las puertas de las prisiones”. “Eso es una ignominia. No tiene ninguna consistencia una acusación de este tipo”, zanjó.
Erkoreka lamentó que “también se acusó en el pasado a las instituciones catalanas de que se iban a abrir las puertas de las prisiones a los encarcelados por el procés, y no ha sido así”. “Otra cosa es que se haya podido llevar a cabo una gestión más humana”, expresó. “El catalán sería el modelo para articular la transferencia en sí. Después, la gestión corresponderá al Gobierno que tenga esa responsabilidad pero teniendo claro que deberá aplicar la Ley del Estado y atender siempre a los requerimientos de los jueces de vigilancia penitenciaria”, concluyó el portavoz de Lakua. - Europa Press