“La recentralización digital es una operación de Estado”

-En realidad hay un poco de todo. Tenemos por un lado transposiciones de directivas europeas, pero también legislación propia del Estado en materia de gobernanza digital, la versión digital del Estado jacobino tradicional. El Estado está intentando aprovechar esta oportunidad para recentralizar competencias, por la puerta de atrás, sin ir de cara, con una deslealtad absoluta, como viene siendo habitual en los diferentes gobiernos estatales a lo largo de los últimos años.

¿En qué se materializa esa actuación del Ejecutivo central?

-Tanto el Gobierno Vasco como el catalán hemos detectado de forma sutil este tipo de prácticas en diferentes decretazos en los últimos meses, en la etapa final del Gobierno de Rajoy, pero también por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. La conclusión a la que llegamos es que aquí hay una operación de Estado para laminar el autogobierno vasco y catalán. Nosotros saldremos en defensa de la competencias que nos dan el estatuto catalán y el vasco, y en cierta manera también la Constitución.

¿Hay margen legal para presentar batalla? El Constitucional ha admitido parcialmente el recurso de la Abogacía de la Generalitat de Catalunya en torno a la Ley Procedimiento Administrativo Común en lo relativo al uso de plataformas propias de las comunidades autónomas.

-Hay margen en el Congreso de los Diputados, porque muchas de estas cuestiones se dirimen allí, vía decretos o leyes, y también vía recurso al Tribunal Constitucional en el caso en que sea necesario, como ocurre con esta Ley 39/40. Hubo un recurso en su momento, por parte de diferentes comunidades, entre ellas Catalunya y Euskadi, en defensa del autogobierno que el señor Sánchez ofrece como solución al conflicto catalán con una mano, mientras con la otra aprovecha la mínima ocasión para recortarlo.

¿Hasta qué punto la realidad digital puede modificar o condicionar la realidad de la calle? Hablamos de una cuestión crítica para la gobernanza del futuro y para la misma democracia, como ponen de manifiesto la batalla digital del 1-O entre el Estado y el Govern, o el ciberataque del 9-N a la Generalitat.

-Nos estamos jugando la capacidad de gobernanza que pueden tener Euskadi y Catalunya en el ámbito digital para los próximos años. Estamos en el mismo punto que hace cuarenta años, cuando se definieron todos los estatutos y las capacidades de autogobernanza de nuestras comunidades; es una transformación digital de la gobernanza de las naciones en el siglo XXI.

¿En qué aspectos, concretamente?

-El nuevo paradigma digital afecta a la identidad, a la administración, al registro digital o a la ciberseguridad de un gobierno. Todo esto va muy ligado a cómo vamos a prestar los servicios a los ciudadanos en el futuro, estamos en un momento muy relevante y hay que tomar cartas en el asunto porque si no los autogobiernos vasco y catalán podrían acabar siendo irrelevantes en materia digital.

En el caso vasco, la llegada de Pedro Sánchez al poder derivó en la retirada de los recursos del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. ¿Ha habido negociación de La Moncloa con Catalunya en relación a los litigios que mantenían?

-Hemos pasado del presidente plasma al presidente farsa. Hasta ahora, por lo que respecta a Catalunya, Pedro Sánchez no ha presentado ninguna solución de calado en el ámbito político más allá de retirar algún recurso de inconstitucionalidad a leyes como la de vivienda o temas muy sectoriales que nada que tienen que ver con el conflicto político. Los partidos nacionalistas catalanes le dimos el voto a cambio de nada, fue un acto de fe, pero con la voluntad de que abordara el conflicto político, y de esto todavía no sabemos nada. - T. Díez / Foto: J. Muñoz