l a noticia del posible traspaso de las competencias pendientes me hizo pensar en un primer momento que el apoyo a Sánchez en aquella moción de censura para desalojar al PP de La Moncloa podía empezar a tener efecto. Sin embargo, una segunda lectura del calendario propuesto por Madrid me hace verlo de otra manera. Comparto con Josu Erkoreka esa sensación agridulce, ya que faltan competencias y los plazos propuestos no son para echar cohetes.
El posibilismo es importante en la práctica política; por eso, más vale empezar a dar pasos en esto de las competencias, aunque la experiencia demuestra que los sucesivos gobiernos de Madrid han incumplido el Estatuto de Gernika sistemáticamente. La sensación de tomadura de pelo no nos la quita nadie por la deslealtad, informalidad e inobservancia de la legalidad estatutaria que van aumentando año tras año como las velas en nuestro pastel de cumpleaños. ¿Cuántos más tenemos que cumplir usted y yo para recibir lo que es nuestro?
No les debemos nada y sí nos deben: el Estatuto de 1979 es una ley que apoyó el 90,27% de los votos emitidos (tenemos que recordar que gran parte de la abstención se debió a quienes pedían más de lo pactado) e incumplida por Madrid desde el mismo momento que entró en vigor.
El secuestro de las competencias no es baladí y se enmarca en un contexto largo, e interesado, para obligarnos a una recentralización que anule de facto el Estatuto y los derechos amparados en nuestros derechos históricos. La treta es fácil de entender: abusan de las leyes básicas y cuentan con la inestimable ayuda del Tribunal Constitucional para devaluar nuestro Estatuto.
A nadie se le escapa que se trata de irlo minando hasta su mínima expresión para convertirnos en una sucursal del Gobierno central. Por otro lado, todo ello complica e impide en muchos casos que el Gobierno Vasco fije sus políticas públicas, lo que de nuevo tiene consecuencias que marcan nuestra calidad de vida y posibilidades de desarrollo de la sociedad vasca.
Otro aspecto que me ha llamado la atención en la prensa estos días es la obsesión que tienen en el Estado español ante cualquier atisbo de avances en nuestro autogobierno. No es la primera vez que en una comunidad autónoma o en otra corren a exigir un trozo del pastel, aunque hayan callado gobernando en Madrid su gente. Es el caso de Galicia, que estos días nos ponía por delante en un debate parlamentario para exigir más de lo que tienen. Aquello del café para todos del proceso de las autonomías está dejando un poso bastante amargo en quienes son sucursales de ese Madrid y rehenes de esa España negadora de las diferencias que encima defienden tanto.
La propuesta de Sánchez contempla una trasferencia de las competencias más larga en el tiempo de lo que parece razonable que vaya a aguantar su gobierno y, aunque insista una y otra vez en que terminará la legislatura, 2020 está bastante lejos para que dure un gobierno con una representación en el Congreso de 84 sobre 350. Sin Presupuestos y sin los suficientes apoyos para gobernar, tendría que contar con el sostén, cada vez más improbable, de EAJ-PNV, Bildu, los partidos independentistas catalanes y la incógnita de Podemos por su imparable fragmentación.
En este teatro de la política, viene a cuento recordar ahora el ¡Qué largo me lo fiáis!, del descreído protagonista de El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina.
