Bilbao - Ciudadanos y, sobre todo, el PP, tienen la intención de actuar como factor de distorsión y tensionamiento político para complicar la negociación de las competencias pendientes entre los gobiernos vasco y español. La presentación del calendario de las transferencias ha actuado como un resorte para que redoblen la presión que ya venían ejerciendo de manera esporádica en contra de estos traspasos aunque sean una obligación legal, y lo hacen con mayor ahínco para evitar la cesión de las prisiones. Es precisamente el flanco más débil porque es el que mayores dudas despierta a Sánchez por su complejidad política. Fue el PP de la comunidad autónoma, con su secretaria general Amaya Fernández, quien introdujo un elemento nuevo al extender la sombra de la sospecha sobre los intereses del PNV, y preguntarse si “merece confianza” que el Gobierno Vasco gestione las cárceles cuando, a su juicio, solo le preocupa el destino de los presos de ETA. A nivel estatal, sus portavoces en el Congreso y el Senado recuperaron el discurso de la traición a las víctimas en una dinámica que amenaza con embarrar el debate.
La espita la abrió Fernández en Onda Vasca pidiendo de manera expresa que la competencia de prisiones siga “residenciada” en el Estado. “La política penitenciaria está regulada por ley y, en última instancia, es un juez el que toma las decisiones sobre progresiones de grado y acceso a la libertad condicional, pero es cierto que el juez toma las decisiones fundamentadas en los informes de las personas que trabajan en las cárceles que, a día de hoy, pertenecen al Ministerio del Interior, y que pasarían al Gobierno Vasco”, dijo. Fernández argumentó que, antes de disolverse ETA, “hubo declaraciones preocupantes de miembros del Gobierno Vasco que señalaban que los operativos de la Guardia Civil contra ETA no eran buena noticia”. “¿Nos merece confianza que el Gobierno Vasco empiece a gestionar las prisiones con esos precedentes?”, lanzó.
PP y C’s, pero sobre todo los populares a través de varios portavoces, han lanzado una ofensiva en el Congreso de los Diputados con la petición de comparecencia de los ministros Batet y Grande-Marlaska, con el objetivo de que la presión política sea asfixiante para el presidente Sánchez. El PP, que paradójicamente había apalabrado con el PNV algunas competencias como las autopistas antes de que el desalojo de Rajoy frustrara la negociación, es ahora el más beligerante con lo que cree que es un vaciamiento del Estado, y se centra en el traspaso de prisiones. Este debate, que se produce también en un contexto de pugna por ver quién lidera el espacio de la derecha, permite al PP recuperar el discurso de la traición a las víctimas y la supuesta connivencia del PNV con los presos de ETA, para presentar por extensión a Sánchez como un presidente débil que cede a las demandas del nacionalismo vasco para aguantar en La Moncloa. Todo ello, con ETA ya disuelta, lo que no ha servido para virar el discurso del PP.
PP y C’s quieren que la negociación sea lo menos plácida posible para el Gobierno español y le pase factura electoral a Sánchez. El traspaso de prisiones es el más complejo políticamente dentro del calendario que recoge 33 materias, y donde la Seguridad Social ha quedado excluida. Sánchez ha dejado ver las dudas que tiene sobre este traspaso, como lo acreditó que el ministro Grande-Marlaska llegara a descartarlo hace unos meses, pero finalmente ha resistido la presión y lo ha incluido en el calendario. No obstante, no hay sintonía con el Gobierno Vasco en los plazos, porque la primera propuesta del Gobierno español sobre el traspaso de la gestión de las cárceles de Zaballa, Basauri y Martutene llegará en septiembre, y el horizonte del acuerdo lo ha colocado Madrid en enero de 2020, que además es una fecha orientativa. Sobre esta previsión sobrevuela la amenaza del adelanto electoral.
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados se reunirá el lunes para decidir sobre la batería de comparecencias que han pedido el PP y C’s. El PP ha pedido la convocatoria extraordinaria de la comisión de Política Territorial y Función Pública para que Meritxell Batet informe sobre el “desmantelamiento” del Estado con 33 posibles transferencias. En paralelo, pedirá la comparecencia del ministro Grande-Marlaska para que vuelva a explicar los acercamientos de presos de ETA, que han sido limitados y no a cárceles vascas.
Su portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, dijo que la cesión de las prisiones acredita que los Presupuestos de Sánchez están “manchados de traiciones”. “Sánchez sigue con sus concesiones. El Gobierno que está acercando sin parar a presos etarras, anuncia que le dará al PNV la competencia de prisiones y otras 32 competencias más. Sánchez desmantela España con unos Presupuestos manchados de traiciones”, sostuvo. El portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, coincidió en que “con la dignidad de las víctimas no se negocia”.
MARLASKA C’s pide la comparecencia de Batet para que explique su voluntad de “vender el Estado a plazos”. En cuanto a Marlaska, pedirán que comparezca por los altercados de la huelga de taxistas, pero quieren introducir el asunto de las prisiones. “Está más preocupado por las competencias que se van a ceder”, dijo.
