MADRID. En su escrito, reclama la anulación del decreto de exhumación de los restos del dictador por tres supuestos motivos de inconstitucionalidad y por contravenir los acuerdos con el Vaticano.
Además, la Fundación solicita que se excluya del expediente un documento sobre la proposición no de ley promovida en el Parlamento Vasco para identificar a los vascos enterrados en el Valle de los Caídos, devolver sus restos a Euskadi y "desacralizar completamente el espacio monumental", en la medida en que considera que no guarda relación alguna con el procedimiento abierto sobre Franco.
En este escrito, la FNFF pide asimismo a la instructora del expediente, la subsecretaria de Justicia Cristina Latorre, que admita la incorporación como prueba de 14 documentos y que tome declaración al subsecretario del Ministerio de la Presidencia, al presidente de Patrimonio Nacional, a tres funcionarios y a los dos arquitectos autores del informe técnico sobre la exhumación.
En una primera alegación, la Fundación afirma que el real decreto ley aprobado porel Gobierno el 24 de agosto del año pasado para llevar a cabo la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos vulnera la Constitución porque no existe una situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que lo justifique, lo que constituye una "gravísima extralimitación del poder ejecutivo".
El decreto también sería inconstitucional por tratarse de "una disposición de carácter singular o de caso único" e "infringir el principio de igualdad ante la ley", a juicio de la FNFF, que observa una tercera vulneración de la Carta Magna "por infracción del derecho de la Unión Europea".
En este punto, la Fundación argumenta que ni la familia Franco ni el resto de partes interesadas en el procedimiento ha tenido oportunidad de expresar su punto de vista sobre el real decreto, lo que supone una "vulneración de los derechos de defensa de los interesados", como correspondería "en aplicación del derecho de la UE".
Por último, la FNFF denuncia una "transgresión al derecho de los tratados internacionales y, en particular, al vigente acuerdo jurídico del Estado español con la Santa Sede de 1979, que regula la inviolabilidad de los lugares sagrados y de culto".
La Fundación asegura al respecto que el decreto infringe la propia Ley de Memoria Histórica, que reconocía el Valle de los Caídos como lugar de culto, "al prescindir absolutamente de la necesidad indispensable de obtener la autorización expresa de la autoridad eclesiástica competente", condición que la FNFF atribuye al prior de la abadía, Santiago Cantera.
