Barcelona - Aunque no será la mesa de diálogo independiente que exigía Carles Puigdemont, el Govern ha arrancado del Ejecutivo español la promesa de establecer una entre partidos para vehicular una propuesta sobre el futuro de Catalunya. La reunión de cuatro horas que mantuvieron ayer en Madrid el vicepresident Pere Aragonès y la consellera Elsa Artadi con la vicepresidenta del Gobierno socialista Carmen Calvo sirvió para “avanzar” en el “desarrollo del contenido de la declaración conjunta de Pedralbes” del pasado 20 de diciembre. Además de la comisión bilateral Estado-Generalitat, el comunicado conjunto entre ambos gabinetes recoge la posibilidad de abrir este segundo foro de negociación que contaría con la presencia de las formaciones políticas, sin concretar aún cuáles, y que trabajaría en paralelo a las reuniones sectoriales que ya se realizan.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiso dejar claro que esa mesa se refiere a los partidos catalanes y que el “marco de diálogo es el Estatut”, a falta de que la cita de ayer tenga una segunda parte en Barcelona la próxima semana “para la concreción y fechas de estos acuerdos”. “A nadie se le escapa que tenemos una situación en Catalunya que nos preocupa y este Gobierno se dispone a dar tranquilidad y convivencia a este país”, manifestó Calvo. Artadi ratificó el martes que la cumbre se fijó para explorar “adónde nos lleva todo esto”, en referencia a los escasos avances en materia política sobre la cuestión catalana. Aunque el proyecto de Presupuestos de Sánchez estaría también en el guion, y la creación de esta mesa puede allanar su apoyo, la cuestión era dilucidar si existía una voluntad clara de que haya “un ente negociador o no”, como la comisión que reclaman en el PDeCAT, “quién forma parte, cómo se reúne...”, comentó la portavoz del Govern, que veía coherencia entre esta pretensión y lo acordado en Pedralbes. La Generalitat había instado a “pasar de la retórica al diálogo efectivo” y, para ello, reclamaba un nuevo “mecanismo”, porque “hasta ahora solo tuvimos dos reuniones de presidentes en seis meses, e informales”. La portavoz también puso como línea roja que en esa mesa participaran “mediadores o testigos” que certificaran los acuerdos alcanzados, pero la nota enviada por el Gobierno y la Generalitat no hace referencia a esa condición.

Desde el Govern, Aragonès y Artadi trasladaron también “de manera contundente” a la vicepresidenta su “protesta e indignación” por la operación policial en algunas comarcas de Girona que llevó a la detención de 16 personas, entre ellas dos alcaldes de la CUP, por su presunta participación en la ocupación de vías del AVE en el aniversario del 1-O, y que horas después quedaron en libertad. Calvo replicó que se trata de una cuestión que compete “al Consejo General del Poder Judicial y no al Ministerio del Interior”, justificación que la parte catalana consideró “inaceptable”.

La reacción de la oposición a la decisión de gestar esa mesa de diálogo no se hizo esperar. Desde Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, cargó contra Sánchez por verse de nuevo con el Govern al entender que se reúnen con quienes quieren romper España e incitan a la violencia, “con el único objetivo de seguir en la Moncloa”. “Hoy vemos un nuevo capitulo de esa saga de reuniones entre el Gobierno y los que se saltan la ley”, censuró el dirigente naranja. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, reclamó al presidente español que sea “tan transparente” como considera que ha sido su partido con los pactos con Vox y Ciudadanos en Andalucía y avisó de que establecer un “acuerdo oculto” con Catalunya sería “una cobardía y una traición a España”. Egea exigió saber qué puntos va a pactar con Quim Torra, como si el Gobierno socialista está dispuesto a ceder más soberanía o “pagar su peaje diario” en las Cuentas.

Ingresó ayer en prisión. El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ingresó ayer en prisión a las 16.00 horas en el centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) para cumplir la condena de dos años y medio impuesta por la Audiencia de Barcelona por el caso ITV. “No actuó en interés del pueblo al que representaba sino en el suyo propio”, y no fue de forma aislada sino que actuó desde su privilegiada posición política y actividad pública, percibiendo comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, afirmó la Audiencia en su sentencia.