irun - La sangre no ha llegado al río. El ministro Ábalos trató de zanjar ayer la disputa con el Gobierno Vasco a cuenta de los plazos del Tren de Alta Velocidad aclarando que el compromiso con el fin de las obras en 2023 se “mantiene”. De esa forma corregía al delegado del Gobierno español en suelo vasco, Jesús Loza, que un día antes había encendido las alarmas dejando caer que el plazo no es fácil de cumplir y abría la puerta al enésimo retraso en esta obra. Ábalos dejó ver que, al margen de las dificultades, hay un compromiso político y voluntad. Esta infraestructura es estratégica para el Gobierno Vasco y, más allá de las diferencias sobre los plazos que son habituales y siempre han existido, hacer ostentación pública de la demora en puertas de la negociación de los Presupuestos de Sánchez en Madrid colocaba al PNV en una posición de complicada gestión ante esas Cuentas. El episodio de Loza queda reducido a un lapsus rápidamente subsanado desde Madrid, que vuelve a demostrar lo muy preciada que le parece la sintonía con los socios vascos. El propio Ábalos trató de enmendar otro error cometido por él mismo, cuando vendió un acuerdo que no existe sobre el paso a nivel de Zorrotza. Ha llamado al alcalde Aburto para reunirse el miércoles.
Ábalos aprovechó su visita a la comunidad autónoma y su participación en una reunión del PSE para poner en valor el acuerdo que se firmará hoy en Gasteiz para el soterramiento del tren en la capital alavesa, que servirá para “desbloquear” una gestión clave para su puesta en marcha. Estimó el coste en 680 millones, y anunció que el informe se va a redactar en el primer semestre de 2020.
El propio Ábalos y la consejera Tapia se habían visto las caras unas horas antes en Irun, y de los gestos y las palabras se desprendió que existe una intención de rebajar la tensión. En la firma del convenio sobre regeneración urbanística, Tapia se refirió al plazo de 2023 para asegurar que no ve “voluntad contraria” en Ábalos, aunque no lo llegaron a abordar en privado. También aludió al corredor ferroviario atlántico en general cuando dijo, girándose para mirar al ministro, que le “consta” que el socialista está trabajando con el Estado francés para que la infraestructura sea “de verdad una prioridad y se ejecute a la mayor brevedad posible”. Ábalos se limitó a presentar el acuerdo sobre Irun y se marchó de inmediato, sin hacer declaraciones ni echar leña al fuego, para participar en la reunión con el PSE en Gasteiz. Se reservó el gran anuncio para esa cita.
Ambas partes intentan reconducir la controversia que desataron las palabras de Loza sobre las dificultades de acabar en 2023. El Ejecutivo vasco lo vio como un auténtico error político de Loza, que no tuvo el don de la oportunidad al realizar estas valoraciones en pleno cortejo presupuestario de Sánchez al PNV en Madrid, y en plena negociación del calendario de transferencias. Estas declaraciones, más que por el fondo, preocuparon por el momento escogido y porque suponían restregar un incumplimiento en el rostro del Gobierno Vasco y del PNV en puertas de esas negociaciones. El riesgo de que se pudiera quebrar la sintonía y provocar una escalada verbal era evidente. Sus palabras obligaron a Tapia a reaccionar avisando de que 2023 era el plazo pactado y no respetarlo supondría no destinar el dinero suficiente o no actuar con diligencia. Sin embargo, todo ha quedado como una disputa entre gobiernos y no ha dado el salto al PNV.
En cualquier caso, todavía queda la duda de las inversiones que va a destinar Sánchez para el TAV, y Tapia tampoco quiso mostrarse muy entusiasta. El Gobierno Vasco va a apretar. El día clave podría ser hoy, cuando se abordará entre todas las instituciones implicadas el soterramiento en Gasteiz, uno de los asuntos que pueden demorar la obra. Tapia y Ábalos presentarán el acuerdo. La líder del PSE, Idoia Mendia, sin embargo, sí incidió en la polémica por la mañana al asegurar que ya se preveía que el TAV no llegara en 2023.