El éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy ha llevado al PP a aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para intensificar al máximo su papel opositor desde una Cámara que este año se ha convertido casi en un búnker de resistencia y un contrapeso al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.
El PP ya había engrasado su maquinaria del Senado con la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos que puso en marcha en 2017 y desde la que en los últimos meses ha interrogado a dirigentes de otras formaciones como la presidenta andaluza Susana Díaz o el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
El desalojo del PP del Gobierno en junio y la catarsis que supuso para este partido la elección en primarias de Pablo Casado como su nuevo líder hicieron también cambiar las cosas en el Senado, donde el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó se hizo con los mandos del grupo, con un talante muy distinto al de su predecesor.
Cuando el PP estaba en el Gobierno, el gallego José Manuel Barreiro mantenía un perfil mucho menos mediático, pero desde el primer momento Cosidó dejó claro su papel de ariete opositor al recién estrenado gobierno socialista, aprovechando los recursos parlamentarios que le concede la mayoría absoluta del PP.
No había terminado agosto y el PP ya había forzado en la Diputación Permanente una comparecencia en pleno de Pedro Sánchez para abordar la crisis migratoria del verano, una iniciativa que tras varias vicisitudes se fue demorando hasta diciembre, envuelta en una explicación global de su gestión política.
El otro frente contra el jefe del Gobierno fue una demostración más del “efecto pantalla” o contrapeso que ha desempeñado el Senado controlado por el PP ante su falta de mayoría en el Congreso.
Como en la Cámara Baja le faltaron votos para lograr que Sánchez compareciera por su polémica tesis doctoral, el PP lo planteó en el Senado; ante las reticencias del Gobierno, optó por crear una comisión de investigación sólo apoyada por Ciudadanos en la que espera que, tarde o temprano, Sánchez acabe compareciendo.
De acuerdo con su condición de oposición mayoritaria en el hemiciclo, el PP subió de siete a nueve el número de preguntas de sus senadores al Gobierno en las sesiones de control para aumentar el peso de sus andanadas de los martes al Ejecutivo socialista.
Sánchez se ha tenido así que enfrentar a un duro Cosidó, que organizó a su equipo para atacar por varios flancos al Gobierno, con ministros muy marcados en la diana, como la titular de Justicia, Dolores Delgado, reprobada por el pleno de la Cámara Alta.
filtración Cosidó, sin embargo, sufrió un importante contratiempo que le hizo blanco de críticas externas e incluso de dentro de su partido por un mensaje de whatsapp que reenvió al chat interno del grupo popular donde apuntaba que el pacto del PP con el PSOE para renovar el CGPJ permitiría controlar “desde detrás” el Tribunal Supremo.
La filtración del mensaje frustró el acuerdo porque inmediatamente el magistrado Manuel Marchena anunció que renunciaba a asumir la presidencia del órgano de gobierno de los jueces y se abrió una crisis institucional que ha dejado el Consejo sin renovar.
En el último cuatrimestre del año el grupo popular caldeó todo lo que pudo la olla parlamentaria de la Plaza de la Marina Española, y consiguió aprobar, junto a sus habituales socios de UPN y Foro Asturias -y también con Ciudadanos- las iniciativas que no lograba sacar adelante en el Congreso.
Por ejemplo, el 24 de octubre el Senado pidió al Gobierno dar los primeros pasos para aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el 10 de diciembre exigió activar la Ley de Seguridad Nacional a fin de tomar de inmediato el control de los Mossos d’Esquadra desde el Ejecutivo.
Mociones que aunque sin carga legislativa pusieron de manifiesto que el Gobierno y sus socios carecen de margen de maniobra en la Cámara Alta.
Esa falta de control propició precisamente un intento del Gobierno para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar el veto del Senado a los objetivos de déficit público, lo que suscitó la oposición frontal del PP, hasta el punto de acusar al Ejecutivo socialista de perpetrar un “ataque a la democracia”.
Con esta reforma legislativa aún pendiente, el Senado ha cerrado el año con un pleno en el que el PP ha rechazado con su mayoría absoluta los objetivos de déficit que, a la segunda, el Gobierno sí aprobó en el Congreso, y que podrían allanar el camino para los presupuestos generales del Estado del próximo año.
