MADRID - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no prevé variar el próximo año la política penitenciaria en relación a los 217 presos de ETA y la kale borroka que cumplen condena en las cárceles del Estado español. Así lo dijo en respuesta a una pregunta de los periodistas durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros celebrado ayer y en la que hizo balance de los siete meses de su Gobierno.

Preguntado por la política de dispersión de los presos de ETA y si el Gobierno se plantea introducir algún cambio el año que viene, Sánchez respondió que no y añadió que el Gobierno vasco conoce de primera mano sus intenciones. “El cumplimiento de la legislación penitenciaria es clara, individualizada y es la voluntad y el compromiso del Gobierno”, precisó.

Esto significa que el Ejecutivo español seguirá con su goteo de traslados de los reclusos etarras a prisiones cercanas a Euskadi, tal y como lo ha hecho en estos últimos meses con una quincena de presos. Ninguno de ellos ha recalado en alguna de las tres cárceles de la CAV o en la de Nafarroa. Junto a ellos también han sido trasladados dos presos del Grapo dentro de su nueva política de acercamientos “aislados” para aquellos internos que acepten la legislación penitenciaria, hayan cumplido gran parte de su condena y no tengan delitos de sangre.

El primer traslado se comunicó por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el pasado 13 de septiembre, cuando se autorizó que Kepa Arronategi pasara de la cárcel de Almería a la de Zuera (Zaragoza). Este etarra fue condenado a más de 158 años por, entre otros delitos, participar en el intento de asesinato del rey Juan Carlos en el Guggenheim de Bilbao en octubre de 1997, en el que falleció unl ertzaina. La razón del traslado de Arronategi fue su delicado estado de salud. Posteriormente, el Ministerio del Interior ha trasladado en varias oleadas a otros presos de la banda a prisiones de Asturias, Galicia, Aragón y Castilla-León.

Ninguno de ellos ha sido llevado a la prisión alavesa de Zaballa, cuyas instalaciones están preparadas para acoger a un número importante de reclusos. Sin embargo, los planes del Gobierno pasan por acercar a esa cárcel a los internos que abjuren de sus asesinatos o actos violentos, como lo hicieron en su momento los presos de la vía Nanclares. Precisamente, Instituciones Penitenciarias concedió el pasado octubre el tercer grado penitenciario a Aitor Bores, uno de los cuatro presos de la vía Nanclares que sigue cumpliendo condena. Antes, en verano, autorizó el traslado a Basauri de Olga Sanz Martín y Xabier Moreno Ramajo, que habían repudiado la violencia de ETA y reconocido el daño injusto causado a las víctimas. - H.U.