- “Ha habido cosas que he hecho mal, me arrepiento sinceramente, y si pudiera volver atrás no las haría, pero pienso que jamás he cometido ningún delito, y menos de los que se me acusa”, dijo ayer ante el tribunal que le juzga el exdiputado foral alavés Alfredo de Miguel, haciendo uso de su derecho a la última palabra en la última jornada de la vista oral por un juicio sin parangón en Euskadi, que se ha prolongado durante casi un año y que ha sentado en el banquillo de los acusados a 26 personas.
El antiguo dirigente del Araba Buru Batzar señalaba así la senda para las declaraciones del resto de los principales acusados de la presunta trama, que también subrayaban su inocencia en lo estrictamente penal a la vez que presentaban sus disculpas por los daños, de otra índole, que puedan haber causado.
De Miguel, que afronta una petición de pena por parte de la Fiscalía de 29 años de prisión, sustancialmente inferior a los 54 años que el Ministerio reclamaba de inicio, subrayó que la empresa Kataia, presunta firma fantasma para canalizar los pagos de comisiones ilegales, ha acreditado todos los trabajos que efectuó. En cuanto a él mismo, afirmó que tras ser inspeccionado “de arriba abajo” no se ha podido demostrar enriquecimiento ilícito alguno.
De Miguel pedía perdón también a su familia, dejando así una nueva mención a la pena de banquillo que los acusados han denunciado haber sufrido durante los últimos años, desde que la primera hora del 17 de marzo de 2010 una operación policial destapara ante la opinión pública la existencia de la supuesta trama corrupta.
También aludió al repudio social padecido Aitor Telleria, para quien la Fiscalía pide una pena de casi 14 años de prisión, y que admitió haber cometido “aciertos y errores”, pero subrayó que no consumó delito alguno, ni lo intentó siquiera. Koldo Otxandiano, responsable de las cuentas de Kataia y a quien se intervino un cuaderno en el que figuraban las supuestas comisiones ilegales obtenidas, afirmó que sus actuaciones siempre estuvieron “ajustadas a derecho”, y al igual que Telleria y De Miguel, pidió perdón de forma genérica sin asumir la comisión de ningún delito.
queja de larrañaga Llamativa fue, por otra parte, la declaración final del exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, que firmó los contratos presuntamente ilegales que le hacía llegar su subordinado Xabier Sánchez Robles, también acusado. Larrañaga censuró los “impresentables” comentarios de “mofa y menosprecio” que el fiscal jefe, Josu Izaguirre, le dirigió en diversas ocasiones a lo largo del juicio, informa Europa Press.
Fue ésta queja una más en torno al carácter mediático del juicio, que motivó, en ese sentido, un mensaje final del presidente de la sala, Jaime Tapia, llamado a tranquilizar a los acusados. “Ustedes siguen siendo inocentes; nosotros tenemos que decidir si han cometido los hechos”, les dijo el magistrado, consciente de lo que supone la “pena de banquillo” y de que el honor perdido en estos casos, sea cual sea el veredicto, “no se restaura”.
Por todo ello, y frente a las diferentes especulaciones en torno a la eventual dilación de la sentencia, Tapia afirmó que el tribunal tratará de cumplir “con la mayor diligencia posible”, sus obligaciones legales, y también las “éticas y morales” porque “los que tienen la llave de la cárcel somos nosotros”.
El tribunal, efectivamente, tiene un arduo trabajo por delante, como lo describió el propio Tapia, tras casi un año de testimonios y valoraciones periciales. Los jueces deberán determinar si, como sostiene la Fiscalía, De Miguel, Telleria y Otxandiano crearon Kataia para canalizar el cobro de comisiones ilegales a los empresarios catalanes que querían urbanizar en Zambrana, como ellos mismos confesaron; si percibieron dinero del Gobierno Vasco por falsos trabajos, o si extorsionaron a Ainhoa Alberdi para exigirle el pago de una comisión pactada con anterioridad con el exsocio de esta abogada vizcaína, Jon Iñaki Etxaburu.
Alberdi es la clave del caso De Miguel. Ella grabó conversaciones con los principales acusados y guardó los correos presentados en el juicio como pruebas, entre ellos uno en el que De Miguel, desde su cuenta de diputado foral, le exige presuntamente el pago de una comisión ilegal.
Las defensas trataron inicialmente de anular las pruebas y de desacreditar la labor de la Ertzaintza durante la instrucción, una estrategia que se ha mantenido hasta el final. También intentaron echar por tierra el testimonio de Alberdi, que se ratificó en la vista oral en torno a lo declarado cuando denunció, y que denunció haber sido condenada al ostracismo profesional.
Por su parte, la Fiscalía alcanzó un pacto in extremis con parte de los acusados. Josu Arruti declaró, en virtud de dicho acuerdo, que De Miguel le propuso que pidiera una comisión a los empresarios de Zambrana. Francesc Fernández y Plàcid Casas, que también llegaron a un acuerdo con Izaguirre.
