barcelona - Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió celebrar el Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona, lo hizo argumentando normalidad democrática y cierta distensión en Catalunya. Sin embargo, a una semana de que el cónclave tenga lugar, todo apunta a lo contrario: los Comités de Defensa de la República (CDR) y las entidades independentistas ya han anunciado movilizaciones de protesta y la Generalitat advierte de que el lugar elegido para la reunión, la céntrica Llotja de Mar, no es el más adecuado para garantizar la seguridad de Sánchez y sus ministros.

Aunque desde las instituciones se suceden los llamamientos a la calma y a la movilización pacífica, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, y sobre todo los CDR, quieren que Barcelona sea un polvorín el próximo viernes, ante lo que consideran una “provocación” y una “vergüenza”. Así, los tres colectivos ya están movilizando a sus afines a través de las redes sociales para paralizar la capital catalana en una fecha en la que además se cumple el primer aniversario de la celebración de las elecciones autonómicas convocadas por Mariano Rajoy tras activar el artículo 155.

Los CDR, que están en el centro del debate tras cortar varias autopistas y abrir peajes el pasado fin de semana, son los que más beligerantes se han mostrado en su llamamiento a la movilización, en el que hablan de levantar “barricadas” para una “batalla” en la que, advierten, serán “ingobernables”. La ANC, por su parte, ha convocado una concentración masiva de vehículos en el centro de Barcelona, con la que pretende bloquear el tráfico en la ciudad y responder al Consejo de Ministros de un “Estado opresor”. Esta entidad, cuyo presidente Jordi Sànchez se encuentra en prisión preventiva desde octubre de 2017, llama a sus seguidores a pasar a la acción y a tomar la calle para recuperar “la dignidad”. Finalmente, Òmnium Cultural, la asociación del también encarcelado Jordi Cuixart, se movilizará para expresar su rechazo a la presencia del Gobierno español en la capital catalana.

Con todo ello, desde la Generalitat avisan al Ejecutivo de Sánchez de que la Llotja de Mar, situada junto a la zona marítima de Barcelona y en la intersección de varias arterias principales, es un enclave en el que será complicado mantener el orden. Según explicó ayer la portavoz del Govern, Elsa Artadi, “no es el lugar más idóneo” para celebrar el Consejo de Ministros, no por un criterio político, “sino técnico”. Artadi reveló que existían “otras alternativas” más seguras y con menos afectación a la movilidad, como el Palacete Albéniz de Montjuïc, pero que el Gobierno español ha optado a pesar de todo por el céntrico edificio histórico.

Incluso los Mossos d’Esquadra han desaconsejado en sus informes la elección de la Llotja de Mar. Según informó ayer el conseller de Interior, Miquel Buch, la Policía catalana ha elaborado una serie de “revisiones críticas” sobre la localización y su seguridad. Sin embargo, Buch señaló que no le corresponde al cuerpo decidir dónde debe celebrarse el Consejo de Ministros, por lo que este tendrá lugar en el emplazamiento elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez.

De cualquier manera, no serán los Mossos los únicos encargados de la seguridad del cónclave. El Ministerior del Interior trasladará a Barcelona a más de 1.100 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para salvaguardar la seguridad mientras tiene lugar el Consejo. El dispositivo prevé movilizar hasta 12 unidades del cuerpo de Policía y medio millar de guardias civiles. Sumados al operativo de la Policía catalana, la ciudad vivirá un despliegue de grandes dimensiones similar al del referéndum ilegalizado del 1 de octubre del pasado año.

La intención de Interior es que las movilizaciones de los CDR y las entidades soberanistas no condicionen el transcurso de la cumbre. Las precauciones son extremas tras los incidentes de la pasada semana en varias autopistas catalanas y la “dejación de funciones” de los Mossos d’Esquadra que denuncia el Gobierno español e investiga la Fiscalía.

división independentista Entre los dirigentes independentistas, hay quienes secundan las convocatorias de protesta para el día 21 y quienes las ven con recelo. Entre los primeros se encuentra el president destituido, Carles Puigdemont, que llamó a responder de forma “imaginativa e ingeniosa” a lo que consideró una “provocación por parte del Gobierno español. “Hay que resistir con maneras pacíficas y democráticas para expresar nuestro derecho a la protesta”, manifestó durante una visita al Parlamento británico. Asimismo, Puigdemont consideró “muy normal” que los ciudadanos quieran expresarse en la calle en un escenario en el que hay “cuatro personas en huelga de hambre, nueve personas en prisión y siete en el exilio”.

Sin embargo, en ERC no creen que las movilizaciones sean procedentes. El diputado Joan Tardà aseguró que el Gobierno español “tiene todo el derecho a hacer donde le plazca” su reunión semanal y, aunque la ciudadanía puede “entender que no es una decisión acertada” hacerlo en Barcelona, la independencia no se conseguirá “con pasamontañas”.