Gasteiz - El gabinete de Iñigo Urkullu gobernará Euskadi el año que vienen con unos presupuestos prorrogados, después de que ayer EH Bildu tachara de “insuficiente e inasumible” la última oferta del Ejecutivo vasco, que el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, remitió al partido soberanista y dejara pasar la hora límite de la pasada medianoche sin negociar una contraoferta.
Tras dos meses y medio de negociaciones, siete reuniones y cinco documentos diferentes sobre la mesa, ambas partes llegaron al día límite establecido por el Gobierno con posiciones cercanas pero con una distancia insalvable, a la vista de los acontecimientos. Maddalen Iriarte anunciaba a media tarde por Twitter que había remitido una última propuesta, aunque fuentes de Lakua aseguraban que se trataba del mismo documento presentado el pasado lunes en Donostia, por lo que más que un avance suponía “un retroceso” al no contemplar las negociaciones posteriores a ese día.
EH Bildu reclamaba alcanzar el suelo de 858 euros para los pensionistas que cobran la RGI en 2019 y el Gobierno lo establecía en 2021. Los soberanistas pedían además un salario mínimo de 1.200 euros en la contratación pública, y el Ejecutivo planteaba tomar los 1.200 euros “como salario medio referencial”. Por último, EH Bildu pedía la individualización gradual de los perceptores de la RGI para atender a colectivos especialmente desfavorecidos como el de las viudas. El consejero Azpiazu ofrecía realizar un informe, en el plazo de seis meses, que evaluara “las distintas situaciones personales y los estados de necesidad” de las unidades familiares beneficiarias de estas ayudas, para que el Parlamento obrara en consecuencia.
Los detalles de la oferta El Gobierno hizo público ayer tarde el texto que había remitido por la mañana a EH Bildu, en el que se plantea una subida general de la RGI del 3,5% en 2019 y del 3,5% en 2020. En el caso de los pensionistas perceptores de la renta, cerca de 40.000, se elevaría hasta los 783,65 euros el año que viene (7%) y 830,60 euros en 2020 (6%). Serían 51,65 euros más al mes en 2019 y 98,60 euros más al mes en 2020. En 2021 se les aplicaría una subida del IPC más un punto porcentual, para alcanzar 856 euros con un IPC del 2%, y si fuera superior, se superaría esa cantidad.
Además, el documento establece un “compromiso legal, a través de su inclusión en la disposición séptima de la Ley de Presupuestos, de realizar en un plazo no superior a seis meses un informe que analice, fundamentalmente dentro de las unidades beneficiarias de la RGI perceptoras de pensiones, las distintas situaciones personales y los estados de necesidad a ellas asociados, en especial mujeres en situación de vulnerabilidad económica”. La oferta también contemplaba crear una unidad específica en Lanbide con el fin de gestionar las ayudas o una campaña informativa sobre las mismas.
Diferencias imperceptibles A las 15.00 horas, la portavoz del partido independentista en la Cámara vasca, Maddalen Iriarte, y la parlamentaria Nerea Kortajarena salían a la sala de prensa para anunciar que “en este momento no puede haber un acuerdo con un Gobierno Vasco atrincherado en los recortes sociales y en dar la espalda a las mujeres, a los pensionistas y a las personas con empleos precarios”.
Iriarte destacaba que lo que ha impedido el acuerdo no son “flecos, sino personas”, y aseguraba que el Ejecutivo de Gasteiz no ha atendido ninguna de las mencionadas tres demandas que planteaba la coalición. Kortajarena, por su parte, censuraba que en un momento en el que “hay más dinero que nunca” se mantengan los “recortes de la crisis económica”, con un remanente de 500 millones de euros, añadía Iriarte, “sin ejecutar”.
Según dijo, la oferta de ayer era “casi la misma” que la publicitada el lunes por el Ejecutivo. “No es momento de jugar con la gente”, añadió la portavoz de EH Bildu, quien lamentó que el lehendakari “no haga caso al PNV”, en referencia a la afirmación realizada por la mañana por la presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, de que “si dos quieren un acuerdo, se necesita voluntad por ambas partes”.
Una hora más tarde comparecía el consejero Azpiazu que, cariacontecido, afirmaba no saber “dónde están las diferencias” con EH Bildu. Afirmó que el Gobierno Vasco había recogido “sobradamente” las demandas de la formación soberanista en su última oferta, pero “con planteamientos posibilistas y realistas”, porque “los sueños no se pueden ejecutar”. En ese sentido, apuntó que no es lo mismo establecer los 858 euros en 2019 que en 2021, y cuantificó en unos 40 millones de euros el coste de hacerlo ya.
En relación a la individualización de las ayudas sociales, señaló que es preciso saber “de qué estamos hablando” antes de adoptar medidas, y subrayó que el Ejecutivo ofrecía un compromiso “legal”, inserto en la Ley de Presupuestos para realizar el informe de situación sobre los perceptores. Pedro Azpiazu afirmó además que también se recogía la petición en torno a los 1.200 euros como salario mínimo en la contratación. Así las cosas, EH Bildu “o no ha leído o no ha leído bien nuestra propuesta”, enfatizó.
Según añadió, desde el primer momento, a finales de septiembre, se le dijo a EH Bildu que la negociación debía ceñirse al marco competencial establecido, que las ayudas a los pensionistas debían canalizarse a través de la RGI y que por tanto no podían llegar más que a los perceptores de estas ayudas. “No hay que confundir a los pensionistas”, señaló en ese sentido.
