gasteiz - La ley vasca que busca ofrecer reparación a las víctimas que han sufrido abusos policiales no se está tramitando con la velocidad que deseaban sus promotores, el PNV y el PSE. El texto, que es una modificación de la ley aprobada en 2016 para desarmar el conflicto judicial activado en el Tribunal Constitucional por el expresidente Rajoy, se ha topado ya con dos peticiones de ampliación del plazo de enmiendas por parte del PP. Esta es una práctica habitual con cualquier ley y todos los grupos la utilizan, pero en este caso tiene un trasfondo político diferente porque el PP es el único partido que se opone a la ley y, además, desde el primer momento los promotores de la reforma se temían que la bancada de Alfonso Alonso pudiera maniobrar por esta vía para retrasar la aprobación de la norma, que ahora es prácticamente imposible que pueda aprobarse este año. En principio, salvo que se atienda la última petición del PP, el plazo para registrar enmiendas acaba el viernes de la próxima semana.

PNV y PSE habían pedido que la norma se tramitara por el procedimiento de urgencia, que permite reducir a la mitad (siete días) el plazo para registrar enmiendas. Su objetivo era aprobar cuanto antes la norma para desactivar el conflicto ante el Tribunal Constitucional porque, aunque el presidente Sánchez retiró el recurso de Rajoy, los jueces no archivaron de manera automática el procedimiento y se trataba de darles todos los argumentos posibles para que acuerden ya el desistimiento al ver que existe una nueva ley que blinda la seguridad jurídica del proyecto. Los cambios buscan dejar claro que la ley se centra en reparar a las víctimas y no en buscar culpables o esclarecer hechos. No intenta suplantar a los jueces o entrar en el ámbito penal.

La ley, que permitirá estudiar los casos registrados entre 1978 y 1999, ya ha experimentado un primer aplazamiento en el periodo de enmiendas. Estaba previsto un plazo inicial que acababa el pasado martes, pero el parlamentario Carmelo Barrio había registrado una petición de ampliación. La Mesa del Parlamento, que no se puede negar a conceder más tiempo a la primera de cambio porque es un derecho que asiste a los grupos, lo aceptó y estiró el calendario hasta el día 14, el viernes de la próxima semana. Sin embargo, el PP ha pedido otra ampliación con una nueva solicitud en el registro del Parlamento. La Mesa la controlan el PNV y EH Bildu, pero no pueden tumbar las peticiones si entran dentro de los usos habituales. Sí pueden hacerlo si se produce un recurso abusivo y sistemático a esta vía con la intención de paralizar una ley, pero tiene que ser algo evidente.

su futuro El Parlamento Vasco dio luz verde a la tramitación de la ley el 15 de noviembre con el único voto en contra del PP, que nunca ha ocultado su desgana a la hora de abordar este asunto, con el argumento de que se pretende un desprestigio generalizado de las fuerzas de seguridad del Estado y se va a conceder la categoría de víctima a una persona con el único valor de su palabra y sin que sea necesario que exista una sentencia. La reforma de la ley, no obstante, va a proteger el honor y los datos de los agentes, pero el PP y un colectivo importante de sindicatos de policías españoles y de la Guardia Civil no dan el brazo a torcer y quieren reactivar el conflicto. El sindicato mayoritario de la Ertzaintza, ErNE, comparte las reservas y se sumó a su protesta ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la apertura del año judicial, pero ha evitado entrar en esta plataforma.

Sindicatos de la Policía española como el SUP quieren retomar la guerra judicial en los tribunales ordinarios, su única puerta de acceso, porque solo los gobiernos y una cantidad no inferior a los cincuenta senadores o diputados pueden presentar un conflicto de inconstitucionalidad en el TC. El PP puede hacerlo y su senador Ignacio Cosidó ha deslizado que van a dar el paso contra la nueva ley porque los cambios no son suficientes. En cualquier caso, el Gobierno español es el único facultado para pedir la suspensión cautelar mientras el tribunal dirime. Por tanto, un recurso del PP no dejaría congelada la norma de manera automática. Para cuando llegara la sentencia, podrían haber pasado años y el reconocimiento a las víctimas podría estar concedido ya, y un fallo a posteriori no podría anularlo y solo tendría un valor testimonial, como sucedió con la sentencia contra las amnistías fiscales de Rajoy, que no tuvo efecto sobre los expedientes ya resueltos.

El PP fue el único que votó contra la ley. EH Bildu se abstuvo porque cree que se ha descafeinado, y Elkarrekin Podemos la apoyó. Una comisión de valoración, donde estará el prestigioso forense Paco Etxeberria, estudiará las denuncias.