gasteiz - En la segunda jornada del alegato final de la defensa de Alfredo de Miguel, su letrado, Gonzalo Susaeta, advirtió ayer de que quienes, tras alcanzar un pacto con la Fiscalía, han incriminado a su defendido en la exigencia y cobro de comisiones ilegales tienen derecho a mentir por su condición de acusados. A su juicio, el tribunal debe tener en cuenta esta posibilidad, ya que la jurisprudencia establece que este tipo declaraciones son “sospechosas” y deben ser valoradas con la “debida cautela”.

Efectivamente, al contrario de lo que ocurre con los testigos de un juicio, los acusados y sus allegados más directos tienen derecho a no decir la verad, y tanto Josu Arruti como Francesc Fernández o Plàcid Casas fueron imputados por la Fiscalía. El primero afirmó que De Miguel le propuso reclamar sendas comisiones ilegales de 161.000 euros a Fernández y a Casas, que corroboraron su relato. Tras su confesión, la petición de pena para Arruti por parte del fiscal se redujo hasta poder evitar el ingreso en prisión, y en el caso de los dos empresarios catalanes se les exoneró por prescripción del delito.

Susaeta, que también defiende a la esposa de De Miguel, Ainhoa Bilbao, destacó asimismo que tales declaraciones se han producido ocho años después de incoarse el proceso y “en el minuto 89 del juicio”, en referencia a que tuvieron lugar en noviembre, cuando la vista oral por la causa arrancó el pasado 8 de enero.

El letrado considera que la familia Arruti -con cuatro miembros acusados en este proceso- ha “salido muy bien parada” del juicio. Sostuvo que “no le cuadra” y le “chirría” la supuesta concertación que se alcanzó con el grupo catalán para abonar las comisiones, e ironizó con los “superpoderes” que la Fiscalía atribuye a su defendido para influir en la concesión de contratos.

comisión a alberdi También rechazó Susaeta que De Miguel reclamara otra comisión a Ainhoa Alberdi, quien denunció estar siendo extorsionada y abrió así la investigación de la Ertzaintza en torno al exdiputado foral alavés. Alberdi aportó en su denuncia ante la Fiscalía grabaciones y un correo que supuestamente le envió De Miguel desde su despacho oficial en el que decía: “Lo nuestro lo dejamos en cien”. Susaeta sostuvo, como ya hizo durante el juicio, que en el mensaje no se habla de 100.000 euros y que está descontextualizado. Para el letrado la “testigo estrella” de la Fiscalía ocultó “muchos datos” cuando denunció los hechos en 2009.

“Nunca se reclaman comisiones ilegales ni nada relacionado con el Parque Tecnológico de Álava”, dijo el letrado, para quien “no existe prueba directa, ni indirecta” que revele que el que fuera número dos del PNV alavés influyera o presionara para que la empresa de Alberdi fuera contratada por el PTA. También aseguró que algunos delitos que se imputan ya han prescrito.

El letrado afirmó asimismo que una cuestión “excesivamente manida” por la Fiscalía en este caso ha sido la afinidad política de algunos de los acusados, afiliados o cercanos al PNV. “Considerar que por el hecho de mantener una misma afinidad, unas mismas ideas o incluso una misma militancia se puede participar o pedir actividades ilícitas y sobre todo delictivas son palabras mayores”, recalcó.

El Ministerio Público reclama para De Miguel 29 años y 9 meses de cárcel por delitos como asociación ilícita en grado de dirigente, blanqueo de capitales, cohecho pasivo, malversación, tráfico de influencias y coacciones, entre otros.