“Los jueces somos un dique de contención frente al impulso popular del ojo por ojo”

¿Con tanta polémica se puede decir que funciona bien la justicia?

-Con los medios que tenemos la justicia difícilmente puede funcionar mejor. Estamos inmersos en una polémica continua con sentencias concretas que adquieren cierto grado de polémica entre la opinión pública, pero la imagen que se traslada al público no es real. Se opina con demasiada ligereza sobre la justicia, muchas veces sin saber de derecho y sin conocer los datos. Además, la justicia no es cómoda ni para el Gobierno español ni para los gobiernos autonómicos.

¿Por qué lo dice?

-Bastan unos ejemplos. El cambio de Gobierno español derivó de una chispa que encendió una sentencia; las elecciones andaluzas se han adelantado en función de una posible sentencia, previsiblemente condenatoria, del caso de los ERE, que se va a dictar próximamente y para que no coincida con los comicios; el movimiento independentista ha topado con la justicia.

¿Los gobiernos de turno quieren una justicia sumisa?

-No lo sé. Lo que digo es que ningún gobierno está cómodo con las actuaciones de la justicia.

A raíz de la última sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas corrigiendo un fallo anterior en sentido contrario, cala la idea de una justicia sometida a los poderes.

-En este tema se ha vendido mal la imagen de la justicia con este cambio de la jurisprudencia. Se dice que el poder judicial se ha vendido al poder financiero pero nadie repara en que llevamos trece meses en los que se han planteado ante los tribunales una infinidad de demandas por productos tóxicos vendidos por los bancos a los consumidores: swapps, preferentes subordinadas, hipotecas multidivisas, cláusulas suelo... En la inmensa mayoría los jueces hemos declarado la nulidad de esos productos. Pero esto no se dice y, sin embargo, sí se airea que estamos vendidos por una resolución del Supremo.

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre Bateragune, señalando que Otegi y sus compañeros no tuvieron un juicio justo en la Audiencia Nacional, ¿es un nuevo varapalo de la Justicia europea a la española?

-La sentencia dice que no ha sido un juicio justo porque una de las integrantes del tribunal no reunió los requisitos de imparcialidad necesarios pero los otros dos magistrados sí los reunían. Efectivamente es un revés para este tribunal, no para la justicia en general, pero si vemos la estadística de resoluciones de los tribunales europeos respecto a los países europeos España no sale mal parada en el número de sentencias corregidas, está en la mitad de la tabla. Es normal que los tribunales europeos corrijan de vez en cuando a los españoles, como lo hacen con otros países.

La sentencia de Bateragune ha dado argumentos al independentismo catalán de un tribunal controlado por el Gobierno que en breve juzgará la causa del ‘procés’.

-Estoy convencido de que la sentencia que se dicte estará impartida con total independencia e imparcialidad. Los acusados tienen derecho a alegar lo que consideren y aprovechan esta situación, como lo haría yo si fuera su abogado, pero sobre las recusaciones resolverá el tribunal correspondiente.

¿Ve rebelión en lo que ocurrió en septiembre y octubre del año pasado en Catalunya?

-No me pronuncio sobre resoluciones judiciales concretas porque no he visto el procedimiento. Parto de la base de que lo que dice el juez competente es correcto.

Con la perspectiva del tiempo, ¿entiende el revuelo a raíz de la sentencia de ‘La Manada’?

-No entraré al fondo de la sentencia y solo diré que se ajusta a la ley. Sí diré que la reacción que se produjo contra la sentencia y el tribunal fue desproporcionada y los ataques, injustificados. Hubo un ministro [Rafael Catalá] que dijo que uno de los jueces tenía un problema particular que no aclaró. No hay mayor ataque posible a la separación de poderes que imputar algo desconocido a un juez porque no le guste la sentencia. Pero además hubo líderes políticos muy conocidos que 15 minutos después de filtrarse la sentencia se pronunciaron sobre un fallo de más de mil folios. Habría que exigirles más responsabilidad. Pedían a los jueces que no se aplicara la diferencia entre agresión y abuso sexual cuando esas diferencias están marcadas por la ley y está en manos de los políticos que nos critican poder cambiarlo.

¿Y habría que cambiarlo para atender al impulso social?

-Hay un impulso social y nos dicen que los jueces nos tenemos que acercar a la sociedad. No. En todo caso, serán las leyes las que se tienen que acercar a la sociedad y está en su mano cambiarlo.

¿Hay una brecha entre lo que pide la sociedad y lo que resuelven los tribunales en casos como este?

-En todo caso estas críticas son injustificadas porque no aprecian una serie de principios que se tienen que dar en la justicia penal. En los temas de violencia de género, los jueces, hoy por hoy y hasta que no se cambie la ley, tienen que guiarse por la presunción de inocencia. Pero más allá de estos casos concretos, hay muchas resoluciones y condenas judiciales en violencia de género que han salvado muchas vidas.

¿Pudieron aquellos jueces haber hecho otra cosa?

-Yo me pregunto por qué dictaron esa sentencia pese a saber la que se iba a armar porque era muy impopular. No han ganado ni más dinero ni un ascenso laboral, solo han tenido problemas en su vida personal. ¿Por qué lo hicieron? Porque lo vieron claro, y eso es una garantía para todos los ciudadanos. La garantía es que un juez no atiende a una petición popular sino que aplica la ley con sus conocimientos al caso concreto.

¿Estamos pasando del Estado de derecho a la ley de la calle?

-A veces hay una pulsión popular en casos tan horrorosos como estos que provoca que buena parte de la sociedad se enciende. Pero esto no afecta a los jueces que nos regimos por el principio de legalidad dentro de un sistema con muchas garantías, entre ellas la presunción de inocencia y el derecho a la reinserción. El poder judicial es un dique de contención frente al impulso popular que busca el ojo por ojo.

¿Qué le ha parecido lo sucedido en torno al nombramiento de los miembros del nuevo CGPJ y de altas instituciones de la Justicia?

-A mí me ha recompensado la renuncia de Marchena. Tradicionalmente los jueces hemos elegido a doce de los 20 vocales del CGPJ, tal y como está previsto en la Constitución. Ocho de los vocales son nombrados por el Congreso y el Senado para que en el órgano del gobierno del poder judicial puedan entrar representantes del legislativo. Esto se cambió en un momento dado y ahora las cámaras nombran a los 20 vocales. Nosotros pedimos que esto se cambie. Pero ahora además se sabía ya quién iba a ser nombrado presidente antes de saber quiénes iban a ser las 20 personas que son las que nombran al presidente. Los dos principales partidos políticos se pusieron de acuerdo en ello y esto es una burla al sistema. Ha calado una imagen de pasteleo que ha minado la credibilidad de esos órganos.

¿Cómo deberían ser nombrados esos órganos? ¿Quién debería elegirlos: los políticos, los jueces??

-Los ocho vocales no judiciales deben ser nombrados por Congreso y Senado, y los otros doce por los jueces. Se presentan y nosotros votamos. Así tenemos un consejo en el que el poder legislativo y el judicial están representados con sus contrapesos.

¿Se extralimitó el presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco al opinar que el acuerdo PNV-EH Bildu excede el marco constitucional?

-No me pronuncio sobre cuestiones políticas, ni sobre las opiniones del presidente del Superior de Justicia vasco.

¿El traspaso a Euskadi de la materia de prisiones supondría que el Gobierno Vasco podría flexibilizar las condiciones de los presos de ETA al margen de la ley?

-No creo que sea posible. El Gobierno Vasco, en una eventual transferencia de competencia penitenciaria, no podría apartarse de la ley porque entre otras cosas hay jueces que le obligarían a reconducirse.

¿Ve algún impedimento legal a un acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas?

-No veo impedimentos en ese sentido. Pero no debo pronunciarme sobre decisiones de la Administración penitenciaria porque desconozco qué criterios de legalidad o de oportunidad concurren cuando se toman medidas en esta materia. No hay margen de decisión judicial al respecto.

¿Están saturados los juzgados?

-Hay juzgados que están saturados, sobre todo los de primera instancia, tanto los de familia e incapacidades como sobre todo para atender el aluvión de las demandas de consumidores. Además, tenemos problemas tanto en los juzgados de lo social, que están saturados, en las ejecutorias penales y también en juzgados de violencia sobre la mujer, que se han quedado pequeños e incómodos.

¿Jueces y magistrados trabajan en condiciones precarias?

-Somos uno de los pocos sectores profesionales que no tenemos una carga de trabajo establecida. Como consecuencia de ello nos entran continuamente nuevos asuntos y tenemos que resolverlos. Esto provoca que haya saturaciones y obliga, a veces, a que un juez tenga que resolver demasiado rápido sin la debida reflexión que requeriría una determinada sentencia, ya que si se retrasa podría originarle un problema disciplinario.

¿En qué medida afecta esto a una buena justicia para los ciudadanos?

-Es evidente que repercute en la calidad de las sentencias y de la atención a los ciudadanos porque hay retrasos debido a las cargas de trabajo. A veces se ofrece una justicia más de cantidad que de calidad.