madrid - El PP presentó ayer una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal y convertir en delito castigado con penas de hasta cinco años de cárcel la organización de un referéndum como el del pasado 1 de octubre, del que el lunes se cumplirá el primer aniversario. Los populares no ocultan en la exposición de motivos que la iniciativa obedece a lo ocurrido aquella jornada en Catalunya cuando el entonces president Carles Puigdemont impulsó una consulta independentista donde más de dos millones de personas acudieron a votar pese a la actuación de la policía española, con cargas de los agentes y decenas de ciudadanos golpeados y ensangrentados.
En la exposición de motivos del PP se recuerda que en 2003 se reformó la ley penal y se empezó a castigar “con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum careciendo de competencias para ello”. Además, con esa reforma se penalizaba también a quienes facilitaran la celebración de las consultas y a los funcionarios que transfirieran fondos a partidos disueltos o suspendidos. Sin embargo, “con posterioridad, el legislador vio oportuno despenalizarlas”. El PP de Pablo Casado propone recuperar estos delitos para adaptarlo así “con rigor a los acontecimientos sociales que supongan un reto o amenaza a los principios básicos de convivencia social” y porque “los acontecimientos recientes de la historia de España demuestran que la normativa actual es insuficiente”.
La propuesta incluye tres nuevo delitos. El primero, castigado con pena de tres a cinco años -e inhabilitación-, lo cometería la autoridad o funcionario que convoque elecciones y consultas sin tener competencia. El segundo lo cometerían las autoridades y funcionarios que “facilitan” esas elecciones o consultas ilegales y conllevaría pena de uno a tres años. Quienes participasen como interventores o facilitasen y promoviesen esos procesos serían castigados de seis meses a un año. - I. S. M.
