BRUSELAS. El Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas se dio hoy seis semanas para decidir si es competente para juzgar el proceso por la demanda del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros huidos contra el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena.
La corte acordó tres magistrados al proceso, como había solicitado el abogado que defiende los intereses de España.
Las partes tendrán ahora que presentar por escrito sus argumentos.
Una vez intercambiadas las alegaciones, los tres jueces decidirán si fijan una vista para debatir exclusivamente sobre el límite de su jurisdicción, como pidió el abogado que representa al Estado español, Hakim Boularbah, o si en esa audiencia se debate sobre el fondo de la cuestión, como solicitan los demandantes.
Todavía no se conoce la fecha para esa vista, calendario que se fijará una vez recibidos los alegatos de las partes.
No obstante, el abogado que coordina la defensa de Puigdemont, Carlos Boye, señaló que no tendrá lugar antes de 2019.
Los demandantes sostienen que unas declaraciones del juez instructor de la causa del 1-O en Oviedo (España) vulneran su presunción de inocencia.
La defensa del Estado español, que se ha personado en la causa y sufraga los gastos de la defensa, considera que Bélgica no tiene jurisdicción para "juzgar las acciones de la justicia española".
Puigdemont y el resto de demandantes (clara Ponsatí, Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret) reclaman un euro simbólico.
El proceso en primera instancia podría demorarse varios meses o hasta un año, según varios expertos en derecho civil belga.
