El rey español seguirá disponiendo de una protección especial que impide que los tribunales lo juzguen. El Gobierno de Sánchez descartó ayer de manera taxativa abordar el debate de la inviolabilidad del rey dentro de la reforma constitucional que ha impulsado para limitar los aforamientos a los cargos públicos. La portavoz Isabel Celaá se mostró lacónica a la hora de argumentar la “importancia” de que el rey conserve esta protección, y lo justificó en que es el jefe de Estado. Trató de presentarlo en buena medida como una decisión práctica y puramente procedimental, porque la inviolabilidad del rey aparece en el capítulo constitucional sobre la Corona, y ese tramo exige un procedimiento de reforma agravada, mucho más complejo, con mayorías reforzadas y con la exigencia de convocatoria de elecciones y referéndum. La complejidad de ese trámite podría provocar el fracaso de la reforma y, por lo tanto, tampoco saldría adelante la revisión de los aforamientos. Tampoco se tocará el aforamiento de la Familia Real, que supone que solo puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo.

Esto supondrá una excepción en la reforma de los aforamientos que va a afectar a diputados, senadores y miembros del Gobierno español, y enfrenta directamente a Sánchez con sus socios de Unidos Podemos. A pesar de las complicaciones que están surgiendo, el PSOE está convencido de que todo saldrá adelante. Pablo Iglesias, no obstante, avisó hace unos días de que no tendrá su apoyo si no incluye a la monarquía. El PP tampoco parece muy dispuesto a dar su aval, por otras razones.

Los socios de Sánchez en la moción de censura han pedido eliminar la inviolabilidad de Felipe VI. El PNV lo planteó para los actos no institucionales, los nacionalistas catalanes también quieren un ejercicio de transparencia, y Unidos Podemos fue igualmente claro a este respecto. Sin embargo, el PP respondió avisando de que la Corona no se toca. Sánchez parece haber tomado nota de su negativa, que es clave porque el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, aunque tampoco está clara la posición de los populares por el caso máster que afecta a Casado. Es en el artículo 56.3 de la Constitución donde se establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

informe Celaá anunció ayer el encargo de un informe sobre los aforamientos al Consejo de Estado, lo que le permite parapetarse tras este órgano para incentivar el consenso, y aclaró que se suprimirán también los aforamientos para los delitos de corrupción. Ese dato no había quedado claro cuando en un primer momento se dijo que la reforma no afectaría a los actos en el ejercicio del cargo, cuando las ilegalidades se cometen precisamente en ese ámbito con casos de adjudicaciones irregulares.

Celaá dio la sorprensa cuando anunció que será el Consejo de Estado el que redacte el proyecto, cuando lo habitual es que este órgano asesor se pronuncie con posterioridad, sobre un articulado ya redactado por el Gobierno español. Celaá lo justificó en que “puede incentivar el consenso”. Ante las opiniones contrapuestas que despierta esta reforma, el Gobierno busca el impulso del Consejo de Estado. En cualquier caso, Celaá matizó que el órgano seguirá las pautas de la propuesta de Sánchez. El encargo se hace para que hile fino “con el procedimiento, no con el fondo”. En concreto, se va a suprimir el aforamiento para los diputados, senadores y miembros del Gobierno español, que son los que aparecen en la Constitución. El caso de los jueces y las fuerzas de seguridad se estudiará al margen, y los cargos autonómicos quedarán en manos de la decisión que tomen sus órganos territoriales.

Celaá volvió a decir que mantendrán el aforamiento para los actos en el ejercicio del cargo, pero matizó que “es la voluntad política” de su gobierno quitar la protección para los delitos de corrupción. La apelación al Consejo de Estado va a provocar una demora en los plazos, inicialmente de sesenta días. Ese plazo va a empezar a correr ahora cuando el Congreso de los Diputados reciba el proyecto. Primero habrá que esperar al informe del Consejo de Estado, ese proyecto se volverá a presentar en Consejo de Ministros, y la ley se remitirá al Congreso para que en sesenta días se apruebe.