vitoria - El Gobierno Vasco, personado en el llamado caso De Miguel, exigirá la devolución a las arcas públicas de todo el dinero desviado que los acusados puedan reconocer en los eventuales acuerdos de conformidad entre la Fiscalía y las defensas.
El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, se pronunció así al día siguiente de que el juicio por esta supuesta trama de cobro de comisiones ilegales en la que están imputados exdirigentes del PNV alavés quedara suspendido durante 15 días para que Fiscalía y los 26 acusados cierren un acuerdo de culpabilidad que rebaje las peticiones de condena iniciales e incluso eviten su ingreso en prisión.
Erkoreka recordó que el Gobierno Vasco está personado en la causa pero también subrayó que la representación judicial del Ejecutivo ayer no se opuso a este aplazamiento temporal. No obstante, dejó claro que el punto de vista del Gobierno Vasco “deberá ser tenido en cuenta” en relación a las cuestiones que le afecten en esos hipotéticos acuerdos de conformidad.
“Este Gobierno exigirá que hasta el último céntimo de euro del daño que eventualmente pueda reconocerse en los acuerdos de conformidad se le resarza”, precisó. La cuantía de la reclamación del Gobierno Vasco como actor civil asciende a 221.700 euros por “trabajos facturados y pagados y presuntamente no hechos”.
El secretario de Comunicación de Podemos de la CAV, Andeka Larrea, denunció que “algo huele muy mal” por el “hedor” de las “redes clientelares vinculadas al PNV” y que, a su juicio, están haciendo “un grave daño a Euskadi”. Por ello van a solicitar la comparecencia de Josu Erkoreka para explicar “la falta de diligencia en perseguir la corrupción que afecta a cargos del PNV” tras la sentencia del caso Margüello. - DNA
