madrid - El procedimiento iniciado por el Consejo de Ministros para sacar a Franco del Valle de los Caídos fijaba de plazo hasta el 15 de septiembre, mañana sábado, para que la familia escogiera un nuevo emplazamiento para enterrarlo. Sin embargo, el Gobierno español ya asume que va a tener que hacerse cargo por los pronunciamientos que le han llegado por parte de los siete nietos. La familia del dictador tiene pensado plantar batalla judicial, y no quiere hacer una propuesta de sepultura que se entienda como una rendición.

En un primer momento, se especuló con que la familia propusiera enterrarlo en el mausoleo familiar de El Pardo, porque en ese complejo descansa también el cadáver de su esposa Carmen Polo. No obstante, sus nietos lo descartaron con el argumento de que es un lugar desprotegido y la tumba puede ser profanada. Poco después se filtró que las preferencias de la familia se inclinaban hacia la Catedral de la Almudena, donde se encuentra el cuerpo de su hija. Sin embargo, la familia volvió a salir a la palestra para desmentirlo y puntualizar que los nietos están dispuestos a dar la batalla jurídica. Todo apunta a una acusación por prevaricación.

Si la familia se desentiende, Sánchez tendrá que hacerse cargo. Es una patata caliente para su gabinete, porque buscar una nueva sepultura es complejo: tiene que estar de acuerdo el ayuntamiento que lo reciba, y habrá que valorar posibles cuestiones relacionadas con el orden público. Podría tener en cuenta las dos posibles opciones de El Pardo y la Almudena. Mañana expira el plazo para la familia, pero podría suceder que hoy no se produzca ningún anuncio en el Consejo de Ministros. Todo apunta a que Sánchez va a esperar hasta la reunión inmediatamente posterior al fin del plazo, de manera que sea el viernes 21 de la próxima semana cuando continúe con el procedimiento. En primer lugar, tendrá que iniciar los trámites para exhumar el cuerpo con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y la Comunidad de Madrid. En ese terreno entran en juego cuestiones vinculadas con la salud pública, como sucede con todos los casos en los que un cadáver se extrae de su tumba.

Con la reforma de la Ley de Memoria Histórica, en el Valle solo podrán yacer los restos de los fallecidos durante la Guerra Civil. Esta consideración supone que el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, siga en el monumento. Franco, por el contrario, murió por causas naturales en 1975. Un total de 33.866 combatientes de los dos bandos están enterrados en el complejo. Mil de ellos son vascos. Los familiares de los represaliados quieren que sean identificados y exhumados, una labor de gran complejidad técnica. - M.V.