La fiscalía cuestiona el fin de la kale borroka y el desarme de ETA

En esa introducción no se desglosan el número ni las circunstancias de los delitos, aunque uno de los casos más evidentes donde la Fiscalía ejerció la acusación afectó a cuatro jóvenes investigados por los sabotajes en el Casco Viejo de Iruñea en marzo del año pasado, que para el ministerio fiscal suponían un rebrote de la kale borroka. La Audiencia Nacional no lo compartió y los condenó por desórdenes públicos. En ese sentido, la visión de la Fiscalía choca también con la consideración general que realiza el Gobierno vasco, que en 2017 dejó de referirse a los sabotajes como kale borroka porque ETA había decretado el cese definitivo y estaba ya desarmada. Fuentes del departamento de Seguridad consultadas por este periódico recuerdan que la kale borroka era un tipo de acción muy ligada a la existencia de ETA. La violencia callejera daba cobertura a la organización, que era su razón de ser. Con ETA desarmada y también disuelta, la quema de un cajero se cataloga como desorden público o, si acaso, terrorismo, pero sin ligarlo a ETA. En el informe de 2017 sobre delincuencia en la comunidad autónoma, no se mencionó ningún caso de kale borroka. Las fuentes consultadas concretan que no hubo ningún caso de terrorismo contra bienes materiales. Sí mencionan que hubo un delito de terrorismo ejercido contra una persona, pero matizan que estaba vinculado al yihadismo; y hubo quince sucesos englobados en el apartado de “otros casos”.

El informe de la Fiscalía General del Estado sostiene que se han producido actos atribuibles al “entorno de ETA”, y lo plantea como una hipótesis, sin llegar a imputar el delito con carácter definitivo. “Continúan registrándose actos de sabotajes de naturaleza diversa, susceptibles de ser atribuidos a grupos o individuos del entorno de ETA. Cuantitativamente su número ha sido similar al año anterior y, cualitativamente, continúan siendo de escasa relevancia, alcanzando un mayor protagonismo los cometidos con ocasión de campañas o actos en apoyo y solidaridad con los presos de ETA o en homenajes a miembros fallecidos de esa organización terrorista, circunstancias que tradicionalmente han constituido un importante elemento dinamizador de todo tipo de actuaciones, incluidas las de carácter saboteador”, defiende.

desarme Sobre el desarme, cuestiona que fuera completo. La controversia sobre el carácter total o parcial del desarme ha estado sobrevolando durante meses y ha sido azuzada también desde los servicios de antiterrorismo franceses, con la exjueza Le Vert a la cabeza. ETA reconoció tras el desarme del año pasado algunos problemas de gestión con grupos críticos y con zulos que escapaban a su control. En paralelo, aparecieron armas y depósitos de menor entidad. Ya este año, entregó dos nuevas cajas con armas a la Gendarmería gala, dando por cerrado este capítulo. El informe de la Fiscalía se refiere al año 2017 y, por tanto, no valora este dato.

Reconoce que la actividad armada ha desaparecido, y alude a la entrega del arsenal el 8 de abril de 2017 en Baiona, pero deja caer que “se detectan diferencias entre los inventarios de armas y material facilitados por ETA a través de sus intermediarios y el material realmente entregado”. Realiza valoraciones políticas al asegurar que los actos del desarme “serán utilizados en su propio beneficio, en sus pretensiones para la denominada resolución de las consecuencias del conflicto, principalmente, en lo relativo a la situación de los presos”.