madrid - Pedro Sánchez está confiado en un acuerdo con Podemos respecto al anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, a pesar de las diferencias puestas de manifiesto esta semana sobre el aumento del IRPF a las rentas más altas. El optimismo del presidente del Gobierno español se sostiene en la, hasta ahora, sintonía con el partido de Pablo Iglesias y las buenas señales recibidas desde casi todas las formaciones que deberán apoyarle en el Parlamento español.
Sin embargo, los planes del presidente español cuelgan del hilo catalán, sobre todo del PDeCAT. Los socialistas no tienen amarrado ni de lejos el respaldo a las cuentas por parte de los catalanes. Lo recordaba ayer la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que, interpelada sobre la posibilidad de que los exconvergentes dejen caer al Gobierno de Sánchez si no le satisface antes de finales de año con la presentación de una propuesta para Catalunya sobre el derecho de autodeterminación, dijo que “ellos sabrán si lo que quieren es forzar un cambio en el Gobierno de España o si ejercen desde la responsabilidad la posibilidad de mejorar la situación de los ciudadanos en Catalunya”. Narbona incidió en que el PSOE y Sánchez han dejado claro que su modelo es el del desarrollo del autogobierno “dentro del actual marco constitucional”.
En una conversación informal con los periodistas ayer en el vuelo de regreso de su gira latinoamericana (Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica), Sánchez se mostró optimista respecto a las cuentas, pero evitó concretar cuándo tiene previsto el Gobierno presentar el correspondiente proyecto de ley. El jefe del Ejecutivo destaca la importancia de Podemos para lograrlo y asegura que, a pesar de que Pablo Iglesias ha estado apartado de la primera línea política por cuestiones personales, se ha mantenido en contacto con él para hablar de los presupuestos. Una vez recabado su apoyo a la modificación de la Ley de Estabilidad, el Gobierno socialista se centra en la fiscalidad. La dificultad principal se centra en la modificación del impuesto de sociedad.
El Ejecutivo de Sánchez no ha empezado aún la negociación con el PNV ni con los nacionalistas catalanes. Estas formaciones niegan que se hayan producido siquiera contactos presupuestarios, aunque los jeltzales ya han puesto como principal condición el traspaso a Euskadi de las competencias pendientes recogidas en el Estatuto de Gernika, que el Gobierno Vasco eleva a 37.
Pese a las dificultades técnicas en algún caso, la voluntad política no debería ser un obstáculo para que este requerimiento del PNV puede ser satisfecho a cambio del aval a los Presupuestos que permitiría a Sánchez llevar la legislatura hasta su final a mediados de 2020. Pero el puzzle se completa con el PDeCAT que desde la Generalitat de Catalunya mantiene el pulso con el Gobierno español en torno a los presos soberanistas y, sobre todo, al referéndum catalán.
Los socialistas volvieron ayer a dejar claro que no están dispuestos a traspasar esa “línea roja” porque, según señaló Narbona, “nunca hubo ningún compromiso de cambiar la posición de defensa de la Constitución a cambio del voto en la moción de censura contra Rajoy; nunca ha habido tal cosa y tampoco la hay ahora” con los Prespuestos”.
El Gobierno español esperará a cerrar un acuerdo con Podemos y, a ser posible, con alguna otra fuerza más antes de presentar su proyecto de ley de Presupuestos. A partir de ahí, llevaría las cuentas al Congreso de los Diputados en noviembre para ganarse el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara.
