“Quitar los lazos es envenenar el espacio del ejercicio de los derechos humanos”

-Es un drama que estemos hablando sobre qué es lo que va a hacer un gobierno porque, en teoría, no debería depender del gobierno cómo se cumplen las leyes penales. Algo mal se está haciendo cuando todo depende del gobierno. Debería haber una judicialización adecuada de la reinserción para exigir que los estándares de derechos humanos se cumplan. ¿Eso qué quiere decir? Que lo mismo que no tienen derecho a medidas de gracia extraordinarias, sí tienen derecho al mismo estándar que tiene cualquier otro delincuente, digamos, normal. Eso debería determinar inmediatamente del acercamiento de los presos.

El alejamiento de presos es una medida que no se incluye en la ley pero sigue vigente. ¿Por qué?

-El alejamiento se justificó de forma injustificable en razones de seguridad, y hoy esas razones están pulverizadas. No existen. Por tanto, es una medida arbitraria del Estado que conculca derechos indirectos de familiares. Debería cancelarse ya.

¿Se confunden derechos con beneficios penitenciarios?

-La administración penitenciaria debería dotarse de una articulación de cumplimiento de las penas, con estándar derechos humanos. Confundir beneficios con acercamiento es una barbaridad. No decimos que a los presos de ETA haya que darles un indulto; sino que, si han cumplido los requisitos mínimos, el reconocimiento del daño causado y un distanciamiento de la violencia, las condiciones están dadas para que progresen a cumplir la pena en el grado que les corresponda. Cualquier política penitenciaria debe basarse en respetar los derechos humanos.

¿Los presos también deben dar pasos, pero se les ha subido el listón con la delación?

-La combinación de pasar tiempo en prisión y asumir el daño son dos pilares para aquellos que cometieron delitos graves, sean de motivación política o no. Son los requisitos; el resto es parte de lo que se introdujo en la ley orgánica 7/2003, ley de cumplimiento íntegro de las penas en época de Aznar, en la que se añadieron un conjunto de requisitos que convirtieron un estándar normal de cumplimiento en uno intrusivo, de liquidación incluso de derechos fundamentales de los presos.

¿Cree posible que el futuro Valle de los Caídos cumpla con los mínimos preceptos de los derechos humanos?

-El PSOE ha sido valiente. La ley de memoria histórica era para construir la memoria democrática. Y eso tiene que ver con la simbología. No puede existir simbología de enaltecimiento del fascismo. La iniciativa se tiene que juzgar por la voluntad de sacar los restos de Franco, es un primer paso positivo, que creo que se está haciendo de forma respetuosa con los derechos de los familiares para recoger sus cenizas.

¿En la España del siglo XXI aún hay exaltación del franquismo?

-Lo que no puede haber son monumentos o fundaciones de exaltación. Mi pregunta es: ¿Está prohibida la apología del fascismo? Está prohibida la del terrorismo de ETA y muchos discursos de odio. Pero, ¿y la apología del fascismo español? Y si lo está, ¿por qué no se ha condenado nunca a nadie? Existe un debe enorme en la democracia española por la forma en la que se hizo la Transición; el modelo fue olvidarse del pasado. Es hora de que se revierta. En aquellas democracias en donde se hicieron los deberes con profundidad, Alemania o Italia, se prohibieron las apologías del nazismo y el fascismo. O todas o ninguna. La diferencia ideológica de la prohibición de apologías es un desastre para los derechos humanos.

Sitúa en dos planos el debate sobre el Valle de los Caídos.

-Puede ser transformado en un museo o instrumento de democratización, o se puede intentar neutralizar como un cementerio de civiles. Es un debate de segundo nivel desde el punto de vista de que ya era hora de sacar los restos de Franco. Cualquiera que crea en la cultura de los derechos humanos debería estar de acuerdo en esto, aunque luego difiera en ese segundo nivel.

Catalunya vive sumida en la batalla por los lazos amarillos. La Fiscalía dijo en un primer momento que no es delito ponerlos o quitarlos.

-Totalmente de acuerdo. En una democracia debe haber espacio suficiente para que el debate político sea amplio. En Catalunya, o en otro sitio, hay una parte importante de la ciudadanía que considera que los del procés son presos políticos, aunque haya a quien no le guste. Es parte del debate y se debe debatir con argumentos. Si hay quien no está de acuerdo, puede realizar otro tipo de manifestaciones en espacio público.

Habrá derecho a manifestarse...

-Una contramanifestación parece poco indicada si lo que quieres es reivindicar tu propia causa. Puede ser legal, desde luego, pero quitar lazos es envenenar el espacio del ejercicio normal de los derechos fundamentales. Parece que hay voluntad de alimentar el enfrentamiento político. Eso debe pertenecer al espacio de libertad y debe prevalecer el sentido común, en este caso de responsables políticos, porque no todo vale. Me pueden gustar más o menos los lazos amarillos, pero si hubiera una iniciativa de Tabarnia intentando generar un tipo de símbolo, tampoco me parecería adecuado destruir sus símbolos.