madrid - Tan solo una semana después de que la fiscal general del Estado, María José Segarra, afirmara que no hay “delito alguno ni en quitar ni en poner” lazos amarillos a favor del soberanismo catalán ya que es algo que “forma parte de la libertad de expresión”, el Ministerio Público ha cambiado el paso e investigará a los Mossos d’Esquadra por identificar a un grupo de personas que se organizó para retirar estos símbolos. En ámbitos constitucionalistas lo interpretan como un intento de terciar en la polémica y cortar de raíz esta disputa, después del confuso episodio del puñetazo a una mujer que supuestamente retiraba esos lazos. El Govern recrimina a la Fiscalía que no investigue a los policías y guardias civiles que se encuentran entre los grupos de retirada de los lazos, por su componente intimidatorio.

El PP y Ciudadanos no han dudado en tratar de desgastar al Gobierno español con esta polémica. Pese a los llamamientos del gabinete de Pedro Sánchez a los partidos de derechas para que “hagan oposición al Gobierno pero que no se la hagan a los problemas que tiene España”, la presión respecto a la cuestión catalana, con especial hincapié en la guerra de los lazos, está resultando asfixiante. Después de que el Gobierno español haya dado un giro de 180 grados respecto a la demanda que presentó Carles Puigdemont en Bélgica contra el juez Pablo Llarena, cuya defensa asumirá Moncloa pese a haber rechazado esta posibilidad por activa y por pasiva, ahora ha cambiado el paso en lo que respecta a la guerra de los lazos, cada vez más enconada. Así, la Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto diligencias de investigación por la identificación por parte los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de personas que retiraban lazos del espacio público en varios municipios de la provincia de Tarragona.

La Conselleria de Interior informó el día 18 de la identificación de “14 individuos” en las localidades de Mora la Nova, Tivissa y Vandellós como “posibles autores de daños al dominio público” por retirar lazos. Anunció por ello posibles sanciones de 601 a 30.000 euros. La Fiscalía ha abierto diligencias después de que el presidente de la asociación Impulso Ciudadano y miembro de SCC, José Domingo, remitiera un escrito informando de estas actuaciones de la Generalitat.

En un escrito, la Fiscalía requiere al comisario jefe de los Mossos que explique “los concretos motivos” por los que se identificó a diversos ciudadanos por retirar lazos. Le reclama que en menos de 15 días remita un informe en el que se identifique a los agentes que actuaron en las identificaciones y explique los “motivos que llevaron a la intervención realizada”. Solicita el mismo informe al alcalde de L’Ametlla de Mar, en relación a la actuación de la Policía Local en la noche del 24 de agosto.

“Lamentable pelea” Por otro lado, la polémica por la agresión a una mujer que al parecer retiraba lazos en Barcelona siguió sumando ayer nuevos capítulos. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, consideró “inadmisible”, social y penalmente, “cualquier agresión”, y recordó que “puede ser un delito de odio, de lesiones o de amenazas”. La mujer recibió un puñetazo junto al parque de la Ciutadella, aunque los Mossos alegaron que en esta agresión no hubo una motivación política. Mientras la ANC afirmó que “no hace falta buscar polémica donde hay una lamentable pelea entre dos personas”, el presidente del PP, Pablo Casado, dijo que Moncloa “tiene que poner orden” frente a esta “agresión a las libertades”. - DNA