Bilbao - Los sindicatos mayoritarios de la Ertzaintza consideran que la actuación de una agente de los Mossos d’Esquadra que abatió a un hombre que entró con un cuchillo en la comisaría de Cornellà al grito de “Alá es grande” es “proporcional”. Sin entrar a valorar si fue un caso yihadista o de otras características, ErNE, Esan y ELA coinciden en señalar que la respuesta policial fue adecuada. Pero también advierten de que hechos similares pueden suceder -y aunque no de la misma gravedad, han sucedido- en unas comisarías vascas que deben de redoblar su seguridad para minimizar los riesgos.
Roberto Seijo, secretario general de ErNE, cree “no solo adecuada, sino muy razonable” la respuesta. Seijo dice que, “casualidad”, ha estado con los Mossos en tierras catalanas estos últimos días. “No hay otra en ese momento, porque no tenía otra herramienta para defenderse ni otras personas para haber actuado de manera diferente. En esas circunstancias es imposible ejercer una destreza del arma para no disparar a órganos vitales. Y más siendo una agente de Seguridad Ciudadana”, relata Seijo. Y es que los sindicatos de la policía vasca ponen el foco en la gravedad del ataque, “con clara intencionalidad de matar”.
“Habría que analizar las características del suceso, pero si la vida de la agente estaba en riesgo, evidentemente hay proporcionalidad”, alude el representante de ELA en la Er-tzaintza, Tomás Rodríguez. “La legislación establece cuándo hay que usar un arma o no. Cuando hay riesgo para terceras personas o uno mismo, si se cumple ese parámetro, desde luego existe proporcionalidad”, redunda. Similar opinión comparte el secretario general de Esan, Eneko Urkijo. “La respuesta es acorde a la gravedad de los hechos, adecuada”, afirma.
“Está claro que cualquier actuación debe ser proporcional”, resalta Urkijo, ya que no es lo mismo “atacar con un palo que con un cuchillo una persona que estaba amenazando directamente a un agente”. “Estaba en riesgo la vida de una persona”, coincide Rodríguez. “La ley habla sobre la propocionalidad, si bien las interpretaciones judiciales puedan ser diferentes”, apostilla por último Seijo.
Establecido el nivel cuatro de alarma antiterrorista -que sigue activo tras este último suceso-, desde ErNE apuntan que su mantenimiento no solo es necesario, sino que es indispensable reforzarlo si se dieran las condicionantes pertinentes. De hecho, una instrucción adoptada por la Secretaría de Estado de Seguridad a finales de 2017 para responder a hechos terroristas, y que es de obligado cumplimiento para todas las Fuerzas de Seguridad, alude a que las instalaciones policiales “deben disponer de medios técnicos de seguridad, así como barreras u otros medios de contención física que proporcionen protección al personal de seguridad y a los accesos de las dependencias”. Y, según datos de ErNE, ha habido tres incidentes parecidos en comisarías vascas.
medidas de protección Sea como fuere, el ataque de Cornellá ha puesto de relieve la necesidad de que espacios que en principio cuentan con las mayores garantías de seguridad, como son las comisarías, redoblen esfuerzos para garantizar las medidas protectoras en las er-tzainetxeas. “Y no solo para los er-tzainas, sino también para cualquier ciudadano que acude a interponer una denuncia”, asevera Seijo. Es más, Urkijo remarca que “si no nos podemos proteger nosotros mismos, difícilmente podemos proteger a los ciudadanos”. Ahí entra de lleno el debate sobre la retirada de mamparas blindadas que los sindicatos han censurado. Urkijo, de Esan, afirma que “los protocolos de actuación en Ertzaintza deben cambiar totalmente. Que las ertzainetxeas tengan mayor protección”. “Puede existir una situación de riesgo que te puede obligar a utilizar un elemento mucho más lesivo que el que podrías utilizar si tienes mamparas”, evidencia Rodríguez.
“Es un tema formativo. Te forman en una academia -Arkaute- y te doy mi propio ejemplo: 31 años después no he recibido ningún módulo formativo de cómo actuar en este tipo de casos”, asegura Seijo, que reclama un protocolo claro y conciso. Para esas situaciones, el Departamento de Seguridad puso en marcha las Patrullas de Prevención y Respuesta Inmediata (PRI), denominadas también Bizkor, que según el Gobierno Vasco cuentan “con un gran nivel de entrenamiento y capacitación técnica, y con los más avanzados medios materiales, que incluyen armas largas y pistolas eléctricas, por ejemplo”. El sindicato ErNE avala su funcionamiento, pero insta a la consejera Estefanía Beltrán de Heredia a mejorar sus dotaciones para dar un servicio más amplio. La posibilidad de portar armas fuera de servicio es otras reclamación.
