BARCELONA - El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, llamó ayer a una “movilización histórica” del movimiento independentista de cara a la próxima Diada del 11 de septiembre. Lo hizo a través de un artículo escrito desde la cárcel de Lledoners, donde sigue preso, y publicado en el diario El Punt Avui, donde pide “conjurarnos de nuevo para no desfallecer” y “no pararnos en el camino hacia la libertad y la república”, demandando que el principal objeto de la manifestación sea que “las instituciones mantengan el compromiso que el 21-D expresó mayoritariamente para restituir eso que el Estado de manera indigna nos arrebató con el 155”.

Así se expresó Sànchez el día en que se cumplían diez meses exactos desde que fue puesto en prisión preventiva por orden de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. El dirigente soberanista aprovechó la efeméride para repasar el proceso judicial contra él y contra el resto de políticos y activistas independentistas y, obviamente, lo hizo en términos muy críticos. El diputado de JxCat se ve como una víctima de un “entremado político con forma de proceso judicial” y por “razones de Estado”. De entrada, en su escrito recuerda que la propia Lamela fue recientemente “premiada” con un ascenso en el Tribunal Supremo y, concretamente, para ocupar una de las plazas vacantes en la sala segunda, precisamente la que se encargará del juicio en otoño contra los procesados por el 1-O.

Después de referirse al magistrado del Supremo que ha llevado su instrucción, Pablo Llarena, como aquel que “ha denegado sistemáticamente nuestras peticiones de libertad”; acusa a ambos jueces, a Lamela y Llarena, de ser los “ejecutores perfectos de una idea quizá no tan perfecta atribuida a otro juez”. Se refiere a Manuel Marchena, también magistrado del Supremo y encargado de presidir el tribunal que llevará el juicio en otoño. Sànchez atribuye a Marchena la siguiente frase: “La unidad de España es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos”.

El expresidente de la ANC mantiene que no cree que vaya a tener un juicio justo y, aunque dice entender las muestras de apoyo y de ánimo que recibe, argumenta que no puede creer que el proceso haga justicia especialmente “después de haber vivido una instrucción plagada de arbitrariedades”. Sànchez añade sentirse también desamparado por el Constitucional, lamentando que éste sea un “organismo capaz de reunirse un sábado o domingo para atender un escrito del Gobierno español pero también de tardar meses y meses antes de resolver la petición de amparo de personas en prisión”. - I. S. M.