MADRID - El pasado 28 de mayo, solo diez días antes de que el entonces ministro del Interior del PP Juan Ignacio Zoido hiciera el traspaso de cartera a Fernando Grande-Marlaska, estaban recluidos en cárceles españolas 243 miembros de ETA (214 hombres y 29 mujeres). De ellos, más de 200 estaban clasificados en primer grado penitenciario, el más duro, que impide disfrutar de permisos de salida. 50 estaban recluidos en los módulos de régimen cerrado de 12 cárceles, según recoge una reciente respuesta parlamentaria remitida por el Gobierno al senador de EH Bildu Jon Iñarritu, y que publicó ayer en El País en su web.
En esta respuesta se detalla que en aquel momento otros 28 presos habían conseguido la progresión a regímenes de vida penitenciaria más edificantes. A Olga Sanz Martín -que ha sido trasladada a la prisión de Basauri- se le concedió el pasado febrero el tercer grado que le permitía pasar buena parte del día fuera de prisión.
A una decena de ellos, en concreto 11, aunque se mantuvieron formalmente en segundo grado penitenciario, se les aplicaba ya el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que les permite disfrutar de una situación de semilibertad. Era el caso de Sara Majarenas, que accedió a esa situación en marzo de 2017 para que pueda seguir junto a su hija de tres años que había sido apuñalada por su pareja tres meses antes. Otros 17 internos de la organización terrorista tenían ya entonces acceso a permisos penitenciarios periódicos al estar clasificados en segundo grado ordinario. - DNA
