madrid - Una sala especial del Tribunal Supremo conocida como la Sala del 61, famosa por dictar la ilegalización de Batasuna, tras un tiempo de letargo y presidida por Carlos Lesmes, vuelve a cobrar protagonismo y se reunirá en septiembre para resolver las peticiones de recusación de los jueces en la causa del procés. Su nombre proviene del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge su creación, y durante un tiempo estuvo en el foco mediático por acordar, en marzo de 2003, la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna y pronunciarse sobre las organizaciones de la izquierda abertzale, como Sortu.
Pero, además, entre sus competencias figura la de estudiar, como dice la propia ley, “los incidentes de recusación del presidente del Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala”. Ahora y con la crisis secesionista como telón de fondo, esta Sala volverá a reunirse para decidir sobre los expedientes de recusación que planean sobre los magistrados encargados de enjuiciar a la cúpula del procés, entre ellos Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, y de la que enjuiciará los hechos.
Hay seis peticiones de recusación. Entre las individuales y las conjuntas, las pidieron los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluis Puig, Meritxell Borràs y Clara Ponsatí, el expresident Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el diputado Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. El juez Vicente Magro tramitará conjuntamente todas las peticiones de recusación. - Efe