madrid - La investigación del máster de Pablo Casado, actual presidente del PP, va camino del Tribunal Supremo. La magistrada del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, resolvió ayer trasladar al Alto Tribunal la causa al apreciar en su auto “indicios de responsabilidad penal” en el logro por parte del dirigente conservador del título en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), donde la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes también obtuvo el diploma que le costó su salida del Ejecutivo. Según la jueza, queda “indiciariamente acreditado” que este máster se usaba “como regalo o prebenda” a alumnos “con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional” con el catedrático Enrique Álvarez Conde, principal implicado en la trama.

La instructora no puede continuar el caso contra el ahora líder del PP al encontrarse aforado. Por ello, tras llevar a cabo la investigación “en todo aquello que no implica actuaciones procesales” contra Casado, la jueza acuerda enviar la pieza separada abierta por el máster de Casado al Supremo por los indicios de “responsabilidad penal” y “de criminalidad” que existen contra él. En la exposición motivada de la magistrada se señalan los pasos que “considera imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos”: citarlo como imputado, pedirle toda la documentación que conserve del máster -los cuatro trabajos que esgrimió ante la prensa, correos electrónicos y acuses de recibo “que evidencien que fueron efectivamente elaborados”- y solicitarle el ordenador portátil donde supuestamente se encontraban archivados estos cuatro trabajos, ya que la jueza duda de su veracidad. La magistrada sospecha que Casado cometió un delito de prevaricación administrativa como cooperador necesario y otro de cohecho impropio, y ahonda en que el líder del PP tuvo una participación “activa” en el entramado para obtener su título, al entregar la documentación para lograr el diploma.

La jueza indica la existencia de un grupo de alumnos privilegiados a los que se les permite convalidar multitud de asignaturas solo por ser licenciados. En cambio, al resto de estudiantes -“licenciados en su gran mayoría” y que “compatibilizaban con sus trabajos” el curso- “nadie les informa de esta posibilidad que tan ventajosa les resultaba para obtener el máster”. “Debe destacarse esa misma mecánica en otras ediciones”, apunta, en referencia a la promoción de Cifuentes. Ese grupo de “escogidos” tampoco acudía “nunca a clase”, pese a que la jueza concluye que el máster era presencial.

La magistrada aprecia contradicciones en las manifestaciones públicas realizadas por Casado. De entrada, le resulta “sorprendente” que no acudiera nunca a clase pero sin embargo sí lo hiciera “para entregar los trabajos” de las cuatro únicas asignaturas que debía presentarse para aprobar el máster. Al hacer entrega de los trabajos de manera presencial no hay rastro de correos aunque Casado públicamente mostró sus tareas para evidenciar ante la opinión pública que su caso no era como el de Cifuentes, y que él hizo lo que le pidieron. La instructora duda de su versión y sostiene que es fácil demostrar si Casado dice o no la verdad, sugiriendo al Supremo que ordene a la policía judicial analizar el ordenador del máximo dirigente del PP para analizar el año de elaboración del trabajo.

También recuerda que en varias ocasiones señaló que hizo lo que le pidieron pero no especifica quién se lo pidió, si los profesores o solo el director u otra persona, cómo se lo pide, si de manera individual, presencial o por escrito o de manera conjunta con otros alumnos. “Surge entonces la duda de quién le corregía los trabajos, quién le trasladó algún comentario al respecto, pues el director teóricamente calificó 3 de las 4 asignaturas que le restaban y, según parece, no se relacionaban por correo electrónico”, añade.

Casado manifestó que él era un mero estudiante anónimo, veinteañero y sin apenas cargo. Pero la jueza tampoco acepta esta explicación: “Del informe de la Guardia Civil se desprende que ya era diputado en la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones del PP”.