Gasteiz

- Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles, además de el colectivo de víctimas Covite, reclaman al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no se retire el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno español contra la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la CAV entre 1978 y 1999. La reclamación fue trasladada ayer al Ministerio a través de una carta en la que urgen a mantener la impugnación parcial de la norma vasca, también conocida como ley de Abusos Policiales, realizada ante el Tribunal Constitucional hace un año por el anterior Gobierno del PP.

En su escrito dirigido al ministro, los colectivos firmantes advierten de que, si finalmente retira el recurso, el Gobierno de Pedro Sánchez estará tomando una decisión a sabiendas de “su injusticia” y de “su inmoralidad”. A su juicio, se trata de una decisión “inaceptable”, pues, al resultar posiblemente afectados “principios constitucionales de la mayor relevancia y derechos fundamentales de los ciudadanos”, no puede tomarse como resultado de una negociación política.

Los autores del escrito sostienen que tanto la ley navarra de abusos policiales -suspendida por el Constitucional en una reciente sentencia- como la vasca colaboran en la elaboración de un “relato del conflicto”, construido “al gusto y en nombre de una convivencia que no está amenazada y que solo lo estuvo durante décadas por los que ejercieron la violencia de manera organizada, sistemática e indiscriminada para forzar al Estado a aceptar sus exigencias”.

Los colectivos firmantes advierten de que, “frente a dicha indignidad” y ante la inacción de las instituciones, actuarán con todos los medios legales a su alcance. Ya en anteriores ocasiones las centrales policiales han apelado a la condición de juez del ministro vasco a quien advierten de que la norma aprobada en el Parlamento Vasco constituye “un ataque severo al Estado de Derecho”.

Consideran que la comisión de valoración de los excesos policiales “contraviene gravemente la Carta Magna” ya que otorga a un gobierno autonómico un poder que pertenece a los magistrados.

Precisamente fue esta comisión de valoración lo que motivó el recurso a la ley por parte del Gobierno de Rajoy. Principalmente porque entendía que hay una intromisión por parte de ese grupo de expertos en el ámbito de la Justicia y, además, rechaza que ningún otro poder que no sea el judicial puede señalar la comisión de un delito ni a su autor.

El Gobierno Vasco, y ahora también el Ejecutivo de Sánchez, consideran que la comisión se centra en el reconocimiento y la reparación de las víctimas de excesos policiales que han sufrido vulneraciones por parte de funcionarios públicos o de grupos de la extrema derecha. La norma viene a cubrir la ausencia de actuaciones reparadoras a quienes hayan sufrido algún tipo de violencia policial, tortura o maltrato ante la evidente dificultad de identificar a sus autores y de establecer una verdad judicial.

comisión de valoración Los gobiernos vasco y español han acordado hace unas semanas la retirada del recurso a cambio de unos retoques en la ley para salvar las dudas de constitucionalidad de la norma, aunque en ningún caso estos cambios modificarán el tronco y la esencia de la iniciativa. Solo resta el sello del Ejecutivo Sánchez que podría venir hoy mismo en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano.

En cualquier caso, no significaría el fin de la vía judicial porque el mes pasado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admitió a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la comisión de valoración, con el que pretende impedir que entre en vigor la ley.