MADRID - La resolución de la Audiencia de Schleswig-Holstein abre un escenario que tanto el Supremo como la Fiscalía siempre rechazaron y que llevará a no aceptar la entrega de Carles Puigdemont solo por malversación. En cualquier caso, la decisión adoptada descarta la extradición por rebelión y así se elimina la posibilidad de que, al menos de momento, sea juzgado por ese delito. A nadie se le escapa que el varapalo ha sido tremendo para el alto tribunal, que se enfrenta ahora a la disyuntiva de decidir qué hace ahora con el más destacado de los 25 procesados por rebelión, malversación o desobediencia que hay en el procedimiento. Ahora, el juez Llarena debe meditar la retirada directa de la euroorden o llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para consultar si la decisión marco que puso en marcha la euroorden permite una actuación como la del Tribunal de Schleswig-Holstein.
La legislación sobre reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE (Ley 23/2014) impediría al Supremo juzgar a un reclamado por un delito distinto a aquellos por los que lo entrega el país en el que fue detenido, aunque contiene una salvaguarda para hacerlo en el futuro. Para ello, inicialmente debería cumplir su condena por malversación en el caso de que le fuera impuesta y, recuperada su libertad, se le podría juzgar si pasa 45 días en suelo español o si sale al extranjero y vuelve. En todo caso, estamos en un horizonte donde es un “sinsentido” juzgar a quien lideraba el procés solo por malversación -un delito castigado con un máximo de ocho años de prisión- y a sus subordinados por rebelión -que puede acarrear condenas de hasta 25 años-.
Ante esta circunstancia, el magistrado Llarena rechazaría la entrega del expresident, que permanecería en libertad pero con la amenaza de ser detenido y puesto a disposición de la justicia en cuanto regrese a España hasta que el delito prescriba dentro de 20 años. Es más, el juez, que ha declarado en rebeldía a Puigdemont y a los otros seis exiliados, podría dictar una nueva orden de detención y entrega en cuanto el expresident abandone Alemania con destino a otro país europeo, algo que Puigdemont ya ha descartado hacer.
Otra situación que se baraja es que Llarena plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, lo que implicaría la apertura de una pieza separada para Puigdemont. Ocurre que el juez del Supremo ya ha acordado esta misma semana el cierre de la instrucción de esta causa para 18 de los 25 procesados y la apertura de una pieza separada para los siete exiliados. Lo que parece seguro es que será el próximo lunes cuando Llarena resuelva, lo que determinará el devenir de la causa. Con esas opciones encima de la mesa, tras la primera negativa alemana a entregar por rebelión, Llarena se mostró más proclive a la de acudir a Luxemburgo. El magistrado está estudiando el asunto, aunque está esperando a tener la traducción de la resolución germana para tomar una decisión definitiva al respecto. - I. Santamaría