Lejos del bullicio que ayer se vivió en la localidad alicantina de Santa Pola con la incorporación del expresidente Mariano Rajoy a su anterior puesto tras dejar atrás su etapa política, ayer era un día normal en la sede del Registro de la Propiedad ubicado en la calle Madariaga del barrio de Deusto. Las entradas y salidas de personas a una institución pública que, como su nombre indica, registra la propiedad, no se vio en absoluto alterada por la reincorporación de Rajoy a un cuerpo de funcionarios cuya labor desconocen los ciudadanos. No en vano, muchos se preguntan en qué consiste y cómo ejerce un registrador de la propiedad.

Uno de ellos, Carlos Alonso, ilustra a las claras su labor diaria y, sobre todo, los requisitos de acceso a una de las plazas funcionariales más complejas. “Somos funcionarios públicos”, indica, que acceden a sus puestos tras conseguir la licenciatura de derecho y pasar largos años de oposición. “Nuestra función es controlar la legalidad, tanto de documentos notariales como administrativos, judiciales, etcétera, que llegan al registro de la propiedad”, advierte. Su puesto, dependiente de la Dirección General de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, está más que reglado. Ejercen de controladores que certifican la titularidad de una propiedad, ya sea un bien inmueble o uno mueble, aunque, en el caso de Alonso, su rama es la mercantil. Dotan de seguridad jurídica a los trámites, y lo hacen después de que los pasen por las manos de los notarios, otro de los puestos más codiciados entre el funcionariado.

Conocedor del sector y con largos años de experiencia a sus espaldas, Alonso asegura que ejercer de registrador de la propiedad es “vocacional”. Tanto es así que asegura que los opositores que buscan hacerse con una plaza, inicialmente en pequeñas localidades para después ir ascendiendo en el escalafón y alcanzar las capitales, “se pasan entre 6 y 7 años preparando unas muy duras oposiciones”, además de disponer de los estudios preceptivos de Derecho. “Eso es indispensable”, agrega.

La retribución que obtienen, por el contrario, es bien diferente según los distritos y el uso que los ciudadanos hacen del servicio. No en vano, “nuestro sistema de retribución va con cargo a que se utilice el registro. Si se utiliza más, se paga más. Lo paga el que lo utiliza, no lo pagan todos los ciudadanos con cargo a los Presupuesto del Estado”. El tamaño de la localidad en la que se trabaja también hace variar las cantidades, igual que el sector inmobiliario es más boyante. “En Bizkaia, durante la crisis, el volumen de documentación bajó un 50%, aunque se está recuperando. Y si es una zona turística como Santa Pola, me imagino que la crisis habrá afectado más”. El sueldo medio se sitúa sobre los 15.000 euros mensuales, según diversas fuentes.

No lo hará todos los días, pero Rajoy se verá obligado a atender a los clientes en persona. El horario que deberá cumplir el presidente, igual para todos los registros de todo el Estado -en Álava hay sedes en Gasteiz, Laguardia o Amurrio-, es de 09.00 a 17.00 horas. En lo que respecta a la reincorporación de Rajoy, que siempre dijo que algún día volvería a Santa Pola, Alonso afirma que tiene todo el derecho del mundo a ocupar su plaza “tras su excedencia especial con reserva de plaza”, una figura que es similar “en toda la Función Pública española”.