gasteiz - El Consejo ministerial nombró ayer responsable de Instituciones Penitenciarias a Ángel Luis Ortiz, hasta ahora asesor jurídico de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y ligado a la Administración de Justicia durante toda su carrera laboral. Además de ejercer como magistrado en Arganda, Alcobendas, Alicante o Madrid, Ortiz ha sido titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid, por lo que no es nuevo en el ámbito de las prisiones. Además, fue asesor en la Oficina del Defensor del Pueblo como jefe del Área de Justicia, Prisiones y Violencia Doméstica.
En todo caso, su designación ha llamado más la atención por su posición con respecto a los presos de ETA que por su dilatada experiencia en el ámbito penitenciario, por cuanto es un defensor de la vía Nanclares para la reinserción de los reclusos que paralizó el Gobierno de Mariano Rajoy, y abre por tanto una ventana para un cambio en la política penitenciaria que ya avanzaba ayer el diputado del PSOE y exalcalde de Donostia Odón Elorza. “La cuestión debe plantearse desde una mesa, en una negociación del Gobierno español, el Gobierno Vasco, la mesa del Pacto Antiterrorista, y un diálogo y explicación con asociaciones de víctimas”, señalaba Elorza, según informó Efe.
De forma paralela, el Gobierno ha nombrado como delegado del Gobierno a Jesús Loza, destacado durante su época como parlamentario por su trabajo en el ámbito de la restauración de la convivencia y en la defensa de las víctimas del terrorismo. Estos cambios se producen en un momento en el que, según el Deustobarómetro dado ayer a conocer, un 35% de los vascos se decanta por el cumplimiento de condena en cárceles cercanas a Euskadi, frente a un 10% que apoya la dispersión.
A todos estos movimientos se suma la presión desde Catalunya para que los líderes del procés encarcelados sean trasladados a prisiones cercanas a sus domicilios, una decisión que se están arrojando a sus respectivos tejados el Ministerio del Interior y Tribunal Supremo Pablo Llarena.
etxerat Por otro lado, ayer la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat reclamó el fin de la dispersión de reclusos, una “política penitenciaria de excepción” que, subrayaron sus portavoces, fue “diseñada para una situación ya superada” tras la disolución de la banda terrorista. Así, Etxerat exigió que se aborde con la “urgencia máxima” el final de la política de dispersión y la puesta en libertad de los reclusos enfermos, y para ello pidió a las fuerzas políticas, instituciones y a los parlamentos vasco y navarro que exhiban “la firmeza necesaria” para apoyar a la “sociedad civil” en esta reivindicación. Etxerat considera que la dispersión “se sustenta en la venganza” en un momento en el que es necesario “dejar atrás el sufrimiento”. - T. Díez